La Unión Europea está ultimando, tras más de dos años de discusiones, la nueva herramienta que permitirá a las autoridades de resolución bancaria congelar la retirada de fondos en entidades financieras con problemas. A falta de cerrar los últimos detalles, las principales novedades que se perfilan son que estos corralitos podrán durar hasta dos días laborables, se podrán imponer antes de que el banco haya sido intervenido y, lo más relevante, podrán afectar a los depósitos minoristas cubiertos por los fondos de garantía (hasta 100.000 euros por persona y entidad).
Aunque los trabajos venían de antes, la debacle del Banco Popular el año pasado puso en evidencia la insuficiencia de la normativa europea de resolución de bancos inviables, como admitieron el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR). La entidad perdió 18.000 millones en depósitos entre el cierre de marzo y su intervención el 7 de junio. Esta fuga de depósitos obligó a las autoridades europeas a actuar de urgencia en la madrugada de un martes a un miércoles, cuando la normativa comunitaria establece que es mejor esperar al fin de semana. Con la nueva herramienta que se perfila es bastante probable que se pudiera haber llegado al viernes.
INSUFICIENTE
La actual directiva de reestructuración y resolución de bancos del 2014 (BRRD, por sus siglas en inglés) ya establece que las autoridades competentes (el MUR, y en el caso español el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) pueden decretar la congelación de los fondos. El problema es que solo pueden hacerlo una vez anunciada la intervención del banco y hasta la medianoche del siguiente día laboral. Además, quedan excluidos los depósitos minoristas, los créditos protegidos por los fondos de garantía de inversiones, y los pagos vinculados con los bancos centrales, los sistemas de liquidación y las cámaras de contrapartida.
La Comisión Europea propuso una reforma en noviembre del 2016 para homogeneizar las distintas herramientas de moratoria (su nombre técnico) de los Estados miembros. En noviembre del 2017, eso sí, insistió en su propuesta en vista de la "experiencia reciente", en referencia al Popular. El Ejecutivo comunitario mantuvo los colectivos excluidos, incluidos los depósitos garantizados, pero propuso como novedades que el corralito pudiera ser de hasta cinco días (la presidencia de turno de la UE, ejercida por Estonia, llegó a proponer hasta 20 días) y que se pudiera decretar como medida preventiva, antes de la intervención y después de que la entidad hubiera sido declarada "inviable o con probabilidad de serlo".
FIN DE LA NEGOCIACIÓN
Bruselas defendió que la medida era necesaria porque los "acreedores de un banco que esté cerca de entrar en resolución pueden decidir retirar sus posiciones acreedoras, lo que puede provocar una reacción en cadena". Pero las dos grandes patronales financieras europeas, la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME, en inglés) y la Federación Bancaria Europea (EBF, en inglés), pusieron el grito en el cielo. La iniciativa, advirtieron, provocará que los depositantes se vean "incentivados a retirar sus depósitos al primer síntoma de peligro" y retiren sus fondos "de inmediato" cuando se levante el corralito.
Ante esta discrepancia, los ministros de Economía reunidos en el Ecofin decidieron en mayo de este año fijar una postura intermedia. Por una parte, han propuesto limitar el plazo máximo hasta dos días laborables, en línea con lo propuesto por el Consejo de Estabilidad Financiera en el 2014. Pero al mismo tiempo, han apostado porque los depósitos garantizados de particulares y pymes también puedan verse afectados una vez las autoridades lo hayan "valorado cuidadosamente".
En junio, el Parlamento Europeo aprobó su propia propuesta, que también fija dos días y que afecte a los depósitos, aunque permite que las autoridades establezcan una cantidad máxima a sacar cada día y también que 10 días después del fin del corralito previo a la resolución se pueda aprobar una segunda congelación de fondos de otros dos días. La cumbre de líderes europeos de junio pidió a las dos partes que llegaran a un acuerdo antes de que acabe este año y las negociaciones comenzaron en julio. "La duda es los detalles, pero herramienta habrá", apuntan fuentes conocedoras de las conversaciones.
