En el milenario 'El arte de la guerra' de Sun Tzu, se advierte de que el buen guerrero de ningún modo se deja atraer fuera de su fortaleza. Un consejo que parecen haber seguido este martes los expresidentes de las auditoras Deloitte y KMPG en España. Pese a verse obligados a acudir a casa ajena, la comisión de investigación de la crisis en el Congreso, Fernando Ruíz y John Scott se han enrocado en su castillo argumental y han negado cualquier responsabilidad de sus firmas en la debacle financiera de la última década. Nada distinto, por otra parte, a lo que han hecho la mayoría de los comparecientes ante este órgano parlamentario en los últimos meses.

El papel de las auditoras durante la crisis ha sido muy cuestionado. Estas compañías eran las responsables de verificar que las cuentas que les presentaban las entidades financieras reflejaban fielmente su estado, algo que se comprobó falso en el caso de muchas de las cajas desaparecidas. Así, Deloitte va a ser juzgada junto a Rodrigo Rato y otros 31 acusados por su papel en la salida a bolsa de Bankia en el 2011. Además, el Ministerio de Economía la ha multado también por su actuación en aquella operación y a KPMG por la CAM, en ambos casos por incurrir en un conflicto de intereses al prestar servicios de asesoría además de auditoría a los bancos.

Pese a ello, los ejecutivos se han lavado las manos. "Una crisis como la que hemos vivido, la mayor desde el 29, no se produce porque falle un eslabón, porque los auditores o los supervisores no lo hagan bien, sino por distintos fallos en cadena que se acumulan a lo largo de los años", ha defendido Ruíz en una suerte de, como dice el refrán, entre todos la mataron y ella sola se murió. El papel del auditor, ha argumentado, se limita a comprobar que se han seguido las normas en la elaboración de las cuentas, pero no en analizar si las empresas tienen futuro o asumen un riesgo inmobiliario excesivo. "Pudimos hacer un trabajo mejor, pero lo hicimos con honestidad", ha alegado.

Las 'black', escondidas

Sobre las actuaciones más polémicas de la firma, Ruíz ha destacado que Deloitte va a ser juzgada por Bankia en contra del criterio del fiscal, el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Asimismo, ha destacado que el Ministerio de Economía, en época de Luis de Guindos, decididó sancionarla pese a que el consejo asesor del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) consideró que no había motivo para ello. También ha argumentado que la firma no pudo detectar las tarjetas 'black' de Bankia porque estaban "escondidas" en una cuenta de errores por descuadres de las cuentas, que no se suelen revisar.

Además, ha negado poder facilitar información sobre el polémico informe de valoración del Popular que la Junta Única de Resolución (JUR) europea encargó a Deloitte. En su día, se desveló que daba un valor negativo al banco español de 8.200 y 2.000 millones de euros según el escenario, pero se omitió que también calculaba 1.500 millones positivos en un escenario benigno. Ruíz ha explicado que la JUR encargó el estudio tres o cuatro semanas antes de la intervención del banco porque "intuía problemas", pero ha defendido que el informe no es la base de la decisión de resolver la entidad, sino que sirvió para decidir qué instrumento utilizar en dicha resolución.