La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso planteado por una asociación de interinos que le solicitaba el reconocimiento al personal eventual de la administración con dilatada experiencia la posibilidad de acceder a una plaza fija por un concurso que evitara las oposiciones. El alto tribunal ha fallado en la misma dirección en la que se manifestó recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como el Tribunal Supremo.

La sentencia de la Audiencia Nacional no considera ajustado a ley la posibilidad de habilitar un concurso específico de méritos, sin el trámite de las oposiciones, para estabilizar a aquellos interinos con muchos años de antigüedad acreditada en un mismo puesto de trabajo del sector público. Los demandantes arguyeron que un proceso de libre concurrencia como el de las oposiciones era discriminatorio para aquellos trabajadores eventuales, tanto interinos como personal laboral no fijo, ya que consideraban que la aptitud para el puesto de dichos empleados ya estaba acreditada.

La consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados. ... Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el límite de lo tolerable.", reza la sentencia.

El peso de la temporalidad en el sector público en España es uno de los más elevado de toda su historia. De hecho, la última cifra registrada por la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre del 2019, concretaba en el 27,8% la proporción de trabajadores del sector público que tenían un contrato eventual, la segunda mayor cifra de la estadística disponible. La cifra más alta es la del trimestre anterior, con un 28,2%.

Lo que se traduce en que actualmente en España 896.300 trabajadores temporales en el sector público. La mayoría de ellas, unas 587.500, son mujeres.