La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación a la excúpula de Caja Madrid por la comercialización de participaciones preferentes, al considerar que no hay indicios de que cuando se emitieron en 2009 la entidad "contara con deterioros contables que sus directivos ocultaran a sabiendas".

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de la sala de lo Penal desestima los recursos interpuestos por las acusaciones, entre otras la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), contra la decisión del juez Fernando Andreu, que el pasado mayo acordó el sobreseimiento de esta pieza, tras valorar que no quedaba acreditada la voluntad de "engañar a los inversores".

Iniciadas en 2013 las pesquisas por presunta estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa y administración desleal, se dirigían contra los antiguos máximos responsables de Caja Madrid, lista en la que llegó a figurar su presidente entre 1996 y 2010, Miguel Blesa.

Ahora los magistrados descartan que los directivos conocieran que esta oferta "iba a despojar de su inversión a las personas que suscribían las preferentes por la situación de insolvencia en que ya se encontraba la entidad, que se iba a agravar aún más".

ADVERTENCIA DE RIESGOS

De este modo, subrayan que ya en el folleto informativo registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se decía que estas participaciones "eran un producto complejo y de carácter perpetuo, que no constituían un depósito bancario, que el adjetivo 'preferente' no significaba que sus titulares tuvieran condición de privilegiados" y que advertía de riesgos.

Una información que venía avalada por expertos independientes como InterMoney o Analistas Financieros Internacionales (AFI), los cuales situaban a Caja Madrid como "una entidad de referencia en el sector financiero español, respaldada por una alta calidad crediticia".

La sala también menciona los informes elaborados por los dos peritos judiciales cedidos al caso Bankia, Antonio Busquets y Víctor Nogueras, los cuales concluyeron que los estados financieros del nuevo grupo surgido de la fusión de las siete cajas no reflejaban, desde su constitución, la situación real porque eran "falsos".

Para los jueces, este hecho no permite presuponer que la emisión de preferentes "fuera el resultado de una planificación llevada a cabo desde los órganos directivos para capitalizar la entidad encubriendo un deterioro patrimonial que sabían iba a empeorar".

DESCONOCIMIENTO DE LOS DIRECTIVOS

Al respecto, argumentan que ni los peritajes "extraen conclusiones sobre la falsedad de las cuentas anuales de 2007 y 2008", ni de ellos se desprende que los directivos supieran que el estado de la caja iba a deteriorarse tanto como para "privar" a los compradores de su inversión.

Asimismo, la sala deniega reabrir el procedimiento para practicar nuevas pruebas propuestas por las acusaciones al haber concluido el plazo de instrucción.

En la lista de involucrados se encontraban, entre otros, Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Martín Pascual, Jesús Pedroche, Rodolfo Benito, José Manuel Fernández Norniella y José María Arteta, los seis presentes en el caso de las tarjetas "black" de la entidad.