El Gobierno ha aprobado la fórmula para calcular la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate por el Estado de nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis, un importe que estima en unos 2.000 millones de euros, pero que el sector eleva hasta los 5.000 millones. El cálculo y abono de este importe será uno de los principales asuntos que encontrará el nuevo Gobierno, toda vez que el plazo para abordarlo ya venció el pasado mes de enero y se aplazó hasta julio.

Este monto pendiente de estimación es la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), lo que, por contrato, el Estado debe pagar a las empresas que construyeron y explotaban las nueve autopistas hasta su quiebra por las inversiones que realizaron en su construcción.

La determinación del sistema para calcular el importe en cuestión es uno de los pasos que el actual Ejecutivo se fijó para abordar este asunto. Una vez establecida esta fórmula, se procederá a realizar el propio cálculo, si bien es un proceso que en sí mismo conlleva varias pasos. A pesar de todo ello, la determinación última de la factura de esta quiebra acabará en los tribunales y la decidirá un juez.