El Gobierno prevé llevar este viernes al Consejo de Ministros un paquete de medidas para luchar contra el desempleo de parados mayores y de larga duración. Este, bautizado como "Plan Inserta" es un collage de políticas públicas, algunas propuestas y otras ya publicadas en anteriores "viernes sociales", que se marca como objetivo ocupar en los próximos tres años a 450.000 personas.
Dicho plan no exige de trámite parlamentario, tal como han especificado fuentes del Ministerio de Trabajo, puesto que no se vehiculará vía real decreto ley y no exigirá de grandes nuevas inversiones de recursos públicos. Una de las medidas más costosas incluidas es la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, que ya pasó por Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo.
Esa falta de novedad y concreción, marcada por el adelanto electoral y la no tramitación de los presupuestos, ha sido objeto de crítica de los sindicatos. "Compartimos los objetivos, sin embargo dudamos de la eficacia y consecución de algunos de ellos", consideran CCOO y UGT en un comunicado conjunto. También desde las comunidades autónomas, con las que estaba previsto consensuar las acciones. "Los contactos han sido absolutamente superficiales", afirman desde el la 'conselleria' de Treball de la Generalitat.
Una de las nuevas medidas que constan en uno de los últimos borradores del Plan Inserta, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, es la creación de un sello de "Responsabilidad Social Empresarial". Este se concederá, por ejemplo, si una compañía mantiene durante un año el 10% de plantilla de parados de larga duración y la Seguridad Social premiará a la empresa con una ampliación de crédito formativo del 5%. Este sirve a las compañías para acceder a programas de formación bonificada para sus empleados.
El Plan del Gobierno manifiesta, aunque no concreta si por la vía de la bonificación o de la limitación, la voluntad de fomentar la contratación de parados de larga duración en las empresas que participen de contratas públicas de 150.000 euros o más al año. El borrador afirma que estas "tendrán en cuenta, cuando sea necesario el incremento de su plantilla, candidaturas de personas PLD parados de larga duración para la contratación de, al menos, un trabajador de este colectivo".
Las personas con discapacidad también son objeto del Plan Reinserta y a las micropymes que las contraten se las premiará con crédito para la formación. La Administración General del Estado, por su parte, fomentando convocatorias específicas de empleo público para dichas personas y garantizando que, antes de 2025, estas representen un mínimo del 1% de la plantilla.
BONIFICACIONES YA CONTEMPLADAS
Una de estas, a banda de la propia prestación, son las bonificaciones fiscales para las empresas que contraten de manera indefinida a parados de larga duración, es decir, aquellos desempleados que lleven más de 18 meses sin trabajo. Para dichas compañías, el real decreto contempla ayudas de 1.300 euros anuales en caso de que el desempleado sea un hombre y de 1.500 euros si la desempleada es mujer.
Otras medidas ya publicadas y que el PSOE recicla dentro de este plan es la red de 3.000 técnicos para la inserción laboral, coordinada con las administraciones locales y las autonómicas, que se aprobó el pasado mes de diciembre dentro del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Otro colectivo con especiales dificultades en su relación con el mercado laboral y para el que se prevé el mismo ámbito temporal de duración. El presupuesto para esos 3.000 orientadores todavía no se ha hecho llegar a las autonomías, tal como declaran desde Treball, y está previsto que se efectúe la transferencia en el mes de abril.
