El Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado el debate sobre si los autónomos deben seguir eligiendo su base de cotización o deben pasar a cotizar en función de sus ingresos reales con una posible reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Después de que la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, atendiera esta semana a una de las reivindicaciones históricas del colectivo, las principales asociaciones de autónomos no se ponen de acuerdo respecto al modelo que habría que adoptar.

Un sistema de cotización por ingresos reales llevaría consigo un aumento de la recaudación de la Seguridad Social, un alza en las pensiones de jubilación de los autónomos y el fin de la sobrecotización, pero afrontar la reforma se vislumbra complicado por la diversa tipología de profesionales, los ingresos cambiantes que perciben y la dificultad de algunos de ellos de determinar exactamente lo que ganan. Tanto es así, que el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha alertado de que “el 70% de los autónomos pagaría más que ahora” cotizando por sus ingresos reales, ya que el 86% de los 3,2 millones de profesionales por cuenta propia en España cotizan al mínimo legal. Los más beneficiados serían los autónomos cuyos ingresos reales son inferiores a la base de cotización de 932 euros, pues verían reducidas sus cuotas mensuales.

Mantener la voluntariedad

El modelo que sugiere ATA consiste en que los autónomos sigan eligiendo de forma voluntaria su base de cotización y, por tanto, su cuota mensual. Estas cantidades podrían modularse después, anual o trimestralmente, en función de los ingresos cambiantes que percibiera el autónomo. “La voluntariedad no se tiene que perder y calcular una cotización en base a lo que ganó el autónomo hace un año es desproporcionado”, indica Lorenzo Amor.

Pero esta receta no está exenta de problemas, dada la “heterogeneidad” de los perfiles autónomos y la “complejidad” del sistema. ATA alude, precisamente, a la dificultad de fijar los ingresos reales en la práctica del millón de autónomos societarios, los 700.000 que no obtienen retribuciones regulares, los 400.000 autónomos que tributan por módulos o los cerca de 250.000 trabajadores por cuenta propia contratados por un familiar.

UPTA, por el contrario, propone un sistema basado en tres tramos de cotización que permitan a los autónomos que menos ganan pagar menos y aumentar la carga de aquellos que más facturan. Esta medida afectaría de forma más intensa al 30% de los autónomos españoles cuyos ingresos reales sobrepasan los 40.000 euros anuales netos, ya que tendrían que soportar una base mínima de cotización de 1.840 euros al mes, el doble de la mínima actual. Esta medida, según argumenta el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, tendría que ir acompañada de un incentivo fiscal que reconociera el “esfuerzo” de estos trabajadores realizan con sus aportaciones a la Seguridad Social.

Inyección a la Seguridad Social

Según el citado modelo, los autónomos que estuvieran por debajo del salario mínimo estarían sujetos a una bonificación de la tarifa de 50 euros mensuales que iría escalando con los años y el subgrupo comprendido entre los dos extremos seguiría eligiendo su cotización entre la horquilla de los 932 y los 3.550 euros. Aunque UPTA estima que esta reforma del RETA permitiría obtener una recaudación adicional de 4.000 millones de euros en la Seguridad Social, ATA se muestra contraria a esta propuesta, pues “castigaría a un amplio grupo de autónomos”.

Aún con todo, la subcomisión del Congreso de los Diputados constituida el pasado año para estudiar una reforma del RETA ya está en ello y el ministerio de Empleo, con su anuncio, muestra su disposición a avanzar en el proceso. UPTA asegura que los grupos parlamentarios se han comprometido a que el informe de la subcomisión, que tendrá que presentarse este año, se tramite como proposición de ley.