En un Boletín Oficial del Estado del 19 de enero del 1963 y con la firma del dictador Francisco Franco por delante, y en tipografía considerablemente más grande que la del ministro de Trabajo del momento, Jesús Romeo Gorria, se oficializaba el primer salario mínimo interprofesional (SMI) de la historia de España. Su montante ascendía a las 60 pesetas diarias o a las 1.800 pesetas mensuales para todo trabajador mayor de 18 años.
Si bien el actual SMI aplica para cualquier trabajador, tenga la edad que tenga, en aquel entonces el primer salario mínimo que unificaba todos los sectores de la economía no englobaba a todas las edades. A los "aprendices de primer año, pinches y botones" de 14 años se les asignaron 24 pesetas al día y a los "trabajadores agrícolas", también de 14 años, un total de 40 pesetas al día.
El texto de la reforma casi justificaba más la medida de cara a poner coto a "la discriminación profundamente injusta" entre empresarios, que se hacían la competencia a través de salarios a la baja, que no tanto por el bienestar del trabajador. En este sentido, la importancia del salario mínimo no ha variado demasiado 55 años después. Al igual que en algunos otros aspectos.
LA MAYOR SUBIDA DE LA HISTORIA
En el próximo 21 de diciembre está previsto que en el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe la subida del salario mínimo a 900 euros. Esta subida, la mayor a nivel porcentual desde ese BOE del 1963, afectará a entre 1,3 y 2,4 millones de personas, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Lo que oscila entre el 6,8% y el 12,7% de los 18,9 millones de afiliados dados de alta en la Seguridad Social. Una proporción muy parecida a la estimada en el 1963 por la administración franquista, que calculaba que "tan solo un ocho por ciento de la población laboral española" se encontraba "percibiendo los mínimos legales estrictos", extendiéndose al 15% si se sumaban los "peones no especializados".
La subida del salario mínimo interprofesional en el ecosistema laboral español tiene una importancia relativa, según consideran los expertos, puesto que es más en la negociación colectiva donde se deciden la mayoría de salarios. "Es más un índice de referencia sobre el que los actores sociales negocian los nuevos convenios", comenta el vicedecano de la facultad de economía de la Universitat de Barcelona, Raúl Ramos.
PRIMA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El anuncio de Pedro Sánchez que tomará cariz oficial previsiblemente el próximo 21 de diciembre llega precedido por otra cifra sobre salarios mínimos. El pasado mes de junio CCOO y UGT cerraron con CEOE y Cepyme el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Una de sus medidas estrella fue fijar que en los nuevos convenios colectivos no podía haber categorías con sueldos por debajo de los mil al mes, o los 14.000 euros al año. "Lo que el presente Decreto quiere hacer y hace es extender a tales sectores las mejoras obtenidas en aquellos en los que la contratación colectiva o la mejora voluntaria han jugado", rezaba en el BOE del 1963.
La secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, reconoce que en los grandes convenios no están teniendo problemas con la patronal para cumplir ese pacto, pero sí en sectores como la dependencia o la limpieza, donde hay varios textos encallados. En un informe presentado en octubre, CCOO cifraba en 2 millones los empleados con salarios por convenio por debajo de los mil euros. En este sentido, el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, recuerda el compromiso manifestado por el Gobierno de subir el SMI a 1.000 euros en el 2020. "Es clave, ya que la negociación colectiva no siempre es tan rápida", afirma.
LAS PYMES SON LAS MÁS AFECTADAS
Uno de los argumentos que ha sostenido la patronal en contra de la subida del SMI es la destrucción de puestos de trabajo. Sobre dicha afirmación, el profesor de ESADE Pedro Aznar afirma que no existe evidencia empírica de ello en términos generales. No obstante, Aznar sostiene que la gestión de las expectativas es clave en una cuestión de este calado y que la mediatización de la subida, sumada al hecho de que se aplicará en un único plazo, sí puede tener efectos negativos.
El aumento de falsos autónomos y la economía sumergida son los elementos más reiterados por la vía empresarial y las micropymes las más susceptibles. Desde la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana, Pimec, piden analizar "cuidadosamente el verdadero impacto de esta propuesta" y señala a jóvenes y parados estructurales como los más sensible ante una posible contracción.
