La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha asegurado que Víctor Sánchez del Amo, hasta ahora técnico del conjunto malacitano, puso una denuncia, investigada por la Policía, y que se le había requerido una "cantidad de dinero", que según varias fuentes ascendería a 200.000 euros, para no hacer público un vídeo de contenido sexual que le ha costado el cargo de entrenador, según publica el diario La opinión de Málaga.

El caso lo está investigando el grupo especializado en ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Esta investigación "requiere tiempo y estamos en este proceso", según la subdelegada del Gobierno, "a Víctor se le ha requerido una cantidad de dinero, en eso consiste la amenaza y eso es lo que está investigando en estos momentos".

"Ardua y complicada"

"Ardua y complicada" La representante gubernamental insistió no tener "más datos de la denuncia" además de los ya conocidos, pero quiso remarcar que el caso lleva consigo una investigación que calificó como "ardua y complicada".

Por último, comentó que la investigación está abierta y que "alcanzará aquellos extremos o aquellas personas que tenga fundamento para hacerlo", haciendo referencia a los distribuidores del vídeo por redes sociales y canales de mensajería instantánea. El diario Sur, por su parte, agrega que el pago de 200.000 euros se le exigía realizarlo en la moneda virtual bitcoin.

Protesta por la postura del club

Protesta por la postura del club El Málaga CF, por otro lado, ha citado para el viernes a la prensa con la intención de explicar la postura del club sobre la suspensión en sus funciones del entrenador del equipo, Víctor Sánchez del Amo, tras la difusión por las redes sociales de un vídeo de carácter íntimo del técnico madrileño, en una comparecencia en la que no se admitirán preguntas.

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM), ante ello, expresó este jueves su protesta al Málaga CF, que convocó a los periodistas a una comparecencia de su director general, Richard Shaheen, sin preguntas de los medios de comunicación. La APM, en un comunicado, manifiesta "reiteradamente su oposición a esta práctica" que considera un "intolerable ataque contra el más elemental servicio que prestan los periodistas a la sociedad" porque "las preguntas son básicas para que exista libertad de información y expresión".