Nunca una carrera ciclista de tres semanas había partido más allá de los parajes habituales de Europa. Nunca hasta el 2018 las bicis profesionales habían viajado tan lejos, para iniciar el 4 de mayo la ronda italiana nada menos que en Israel. El Giro, en una semana, ha pasado de comenzar en Jerusalén Oeste, bajo la protesta del gobierno local, a hacerlo ahora en la nueva capital del Estado judío tras el reconocimiento oficial de Donald Trump.

Diversas informaciones periodísticas publicadas en Tel Aviv afirman que el Gobierno israelí, a través de su infraestructura deportiva y turística, ha pagado 12 millones de euros para acoger la ronda ciclista. Y, de estos, 4 millones han ido a parar a la tesorería del Giro. Con esta inversión han conseguido lo que hasta ahora, sobre todo por cuestiones políticas, se le había negado a Israel y que no era otra cosa que poder organizar un evento deportivo de primer nivel. Israel tendrá a Froome, a las principales figuras italianas y a buena parte del pelotón internacional pero para ello tuvo que amenazar a la organización del Giro con romper el acuerdo si no retiraba de la propaganda oficial de la carrera la denominación de Jerusalén Oeste como punto de partida y llegada de la jornada inaugural de la prueba. Y ahora ha llegado Trump y ha reconocido a la ciudad como capital del país.

En pocas horas desapareció el término Oeste y la organización del Giro informó que la primera etapa se hacía en Jerusalén, siguiendo las directrices del Gobierno israelí que la considera como una sola villa desde que en 1967 unificó la ciudad. Y, ¿que sucedió? Pues que la autoridad palestina mostró su enfado por la presencia de las bicis en la zona.

El 18 de septiembre se informó oficialmente de la salida israelí del Giro. Entonces todo eran parabienes. Pero a las pocas horas la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ya dejó claro que no se mantendría callada.

Israel ha invitado al Papa Francisco, para intentar hermanar a las dos religiones, la hebrea y la católica, ya que el Giro termina en Roma. Difícilmente el Vaticano accederá a la petición.