La Audiencia Nacional condenó ayer a 3 años y 6 meses de prisión al presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, por los delitos de apropiación indebida y estafa y le ordenó restituir las acciones que posea al club, aunque mantendrá el control de éste hasta que el Tribunal Supremo revise la sentencia.

La sección primera de la sala de lo penal de este tribunal, que juzgó las irregularidades cometidas en la transformación del Atlético en sociedad anónima, condenó también al director general del club, su hijo Miguel Angel Gil, a un año y seis meses de cárcel por un delito de estafa, y a un año al vicepresidente Enrique Cerezo por apropiación indebida.

Según informaron fuentes de la sala, la orden a Gil y Cerezo para que restituyan a la entidad las 236.056 acciones de las que son titulares tiene por objeto sacar éstas a subasta, como había solicitado el fiscal, pero añadieron que la venta no se realizará hasta que el Supremo revise la sentencia.

Esta declara probado que, el 30 de junio de 1992, Gil se hizo con la mayoría de las acciones del Atlético sin desembolsar su importe y dice que aunque no se puede afirmar que éste persiguiera lucrarse económicamente, "debe apreciarse (...) el propósito de gozar de las ventajas socioeconómicas que se derivan de ser dueño de un club de fútbol vinculado a la máxima división".

El tribunal reconoce la "situación deficitaria del club" cuando Gil se hizo cargo de la presidencia, en junio de 1987, y añade que si bien "cabe aceptar" que aportó a la entidad dinero de su bolsillo, "por la confusión que él voluntariamente generó no ha podido determinarse la realidad de la deuda".

De hecho, la sala dice que el reconocimiento de deuda que el Atlético otorgó a su presidente siguió un plan, que "hubo de ser cambiado" cuando, para fijar el capital social mínimo de la nueva sociedad, se exigió conocer la deuda que el club pudiera tener con Gil y se le indicó "que no cabía la compensación de deuda por acciones, ya que el capital social debía ser objeto de desembolso efectivo".

OCULTO LA DEUDA

Como a Gil no le interesaba que se fijara un capital social elevado, el nuevo plan "consistió en ocultar la existencia de la deuda", estimada en 1.943 millones de pesetas y que declaró cobrada "con la transmisión por parte del club de un nuevo concepto, el contenido económico de los derechos federativos de la plantilla".

CONTABILIDAD MAQUILLADA

La sentencia también declara probado que la contabilidad del Atlético "estaba maquillada", y dice que éste "hubiera incurrido en causa de disolución si no se hubieran hecho las alteraciones contables". Además, considera que se cometió un delito de estafa por simulación de contrato cuando la sociedad Promociones Futbolísticas, propiedad de Gil, vendió al club cuatro jugadores (Mbengue, Djana, Oliveira y Lawal) -que entonces actuaban en categoría juvenil- adquiridos a una entidad holandesa por un total de 2.740 millones de pesetas.

Por último, el tribunal absuelve a Gil y a su hijo de la acusación de haber desviado fondos del club para la realización de obras en inmuebles de su propiedad, entre otras acusaciones.