La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha formalizado su escrito de calificación contra el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, para el que pide 11 años de prisión por blanqueo de capitales y organización criminal, así como que se le imponga una multa de 59 millones de euros, por blanquear 19,9 millones de euros procedentes del cobro de comisiones con la compraventa de partidos amistosos de la selección de fútbol brasileña y su esponsorización por Nike.

La fiscala Antonia Sanz pide a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, que abra juicio oral contra Rosell, que se encuentra en prisión desde mayo del año pasado, su esposa, Marta Pineda, para la que pide siete años de cárcel, el abogado andorrano Joan Besolí (10 años de cárcel) y otras tres personas. Contra el que no actúa es contra el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ricardo Texeira, al que se investiga por la fiscalía de su país. El ministerio público pide, además, que Rosell y Besolí sean inhabilitados para actuar en el mundo empresarial durante tres años después de cumplir la pena de prisión que se les imponga.

Estructura para blanquear

Según el escrito de calificación, al que ha tenido acceso este diario, todos ellos, junto con el cuñado de Besolí, Pedro Andrés Ramos (8 años de cárcel), el considerado testaferro de Rosell, Shashe Ohannessian (7 años), y su amigo José Colomer (6 años), "guiados del común propósito de obtener así importantes beneficios económicos como contraprestación a los riesgos que corrían con su ilícita actividad, al menos desde 2006, formaron una estructura estble, reforzada por vínculos de amistas y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala". La dirección de la organización estaba en manos de Rosell.

La fiscala explica que todos ellos "procedieron a ocultar las cantidades ilíticamente obtenidas por Teixeira con ocasión de la firma de contratos en los que este intervenía en representación de la Confederación Brasileña de Fútbol, particularmente el de compraventa de los derechos audivisuales de la selección nacional de Brasil en favor de la Internactional Sports Events y el contrato de esponsorización firmado por la CBF con la marca deportiva Nike".

Como una de las líneas de la defensa de Rosell ha sido cuestionar que se le pueda juzgar por comisiones cobradas a través de la CBF, el ministerio público explica que se trata de una asociación de derecho privado de carácter deportivo sin ánimo de lucro. Es la encargada de planificar, coordinar y ejecutar campeonatos de alcance nacional de la selección brasileña de fútbol. Como su presidente, Teixeira tenía facultades para adjudicar los derechos audiovisuales de los partidos de la selección y debía velar por los intereses de la entidad.

Rosell diseñó un plan a través de la sociedad instrumental Uptrend Developments, que constituyó en New Jersey en 2006, y un entramado societario de cuentas en bancos andorranos, "destinadas a hacer llegar el dinero finalmente a Teixeira, alejándolo de su origen, fragmentándolo y oscureciendo su trazabilidad" y a través de la venta simulada de su entidad Bonus Sport Marketing, propiedad de expresidente del Barça y su esposa.

El 24 de noviembre de 2006 Texeira firma un contrato con la sociedad árabe domiciliada en las Islas Caimán International Sports Events para adquirir 24 partidos amistosos de la selección brasileña. Solo un día antes Rosell, en nombre de Uptrend, firmó un contrato de con ISE, por el que la primera sería la intermediaria de la venta de derechos de los 24 partidos amistosos. Los 8,3 millones que recibió la instrumental de Rosell "en realidad constituía una parte de la ilícita comisión que Teixeira iba a desviar en su favor y a a espaldas de la CFB".

Venta de Bonus Sport Marketing

El escrito también acusa a Rosell de idear "escenificar la venta de la empresa Bonus Sport Marketing a la libanesa Sports Investments Offoshore", inscrita solo un mes antes de la operación y de la que era administrador Ohanessian, quien "carecía en absoluto de experiencia en el sector del marketing deportivo".

Según la acusación, "la aparente venta de BSM facilitó a Rosell y Pineda una fuentes abierta de ingresos que les facultaba a recibir transferencias en sus cuentas bajo una falsa apariencia". Así los 6.580.000 euros que recibieron por la supuesta venta formaban parte de las comisiones de los partidos amistosos, por el que Uptrend había recibido ya 8.392.612 en Andorra, lo que supone un total de 14.972.612 euros.

Tras relatar todas las transacciones y movimientos realizados, la fiscalía cifra en 19.972.612 euros "el importe total de los capitales enlucidos en este procedimiento a cargo del entramado del que, a tal fin formaban parte todos los acusados".