Adelante Andalucía ha expresado este martes su preocupación por el "cuestionamiento continuo que sufre la libertad de expresión", después que de haya sido admitida a trámite en un juzgado cordobés una demanda de la Asociación Española de Abogados Cristianos contra la Diputación de Córdoba por la exposición 'Maculadas sin Remedio', cerrada el pasado junio y que incluyó el cuadro 'Con flores a María', que plasma a una virgen con la mano en su entrepierna y cuyo lienzo fue rasgado, según ha informado Europa Press.

A este respecto y en un comunicado, Adelante Andalucía ha señalado que, tras el archivo de la denuncia que había presentado ante la Fiscalía el PP contra el mismo cuadro y la exposición que lo albergó, "parecía ya felizmente superada" el ataque en el ámbito judicial contra la citada obra de Charo Corrales, "que sufrió un atentado por motivos de odio", pero, "en un ambiente social tan caldeado por las distintas derechas", éstas, "en un ejercicio de irresponsabilidad, siguen atacando día sí y día también a las mujeres".

Ello se evidencia, en opinión de Adelante Andalucía, en "las paternalistas y vergonzosas declaraciones del consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP)", sobre el aborto, y "en la misoginia más extrema demostrada, con respecto a la sentencia sobre el caso de 'La Manada', por el portavoz de VOX en Andalucía, Francisco Serrano".

Por eso, a Adelante Andalucía no le extraña "que se vuelva a cuestionar la libertad de expresión, admitiéndose a trámite la demanda de Abogados Cristianos, de nuevo contra la Diputación de Córdoba, con motivo de la exposición 'Maculadas Sin Remedio'".

Ello se debe a que "vivimos en un país donde los raperos tienen que huir fuera de nuestras fronteras y muchos otros artistas sufren diariamente las injusticias de la Ley Mordaza". De hecho, "Amnistía Internacional viene avisando continuamente acerca de sus preocupaciones fundadas con respecto a la situación de la libertad de expresión de nuestro país".

Por ello, desde Adelante Andalucía han querido denunciar públicamente "este nuevo ataque a un derecho tan fundamental como la libertad de expresión", como tampoco pueden callar "ante el rechazo velado a la normalización de la sexualidad femenina y su consecuente demonización, motivo que subyace bajo este caso en particular", siendo "ambas situaciones incompatibles en cualquier país que se considere democrático".