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MEDIDAS PARA EL MERCADO DE LA VIVIENDA

Coronavirus: los grandes propietarios tendrán que aceptar quitas del 50% de la deuda del alquiler

Los locales comerciales y autónomos podrán acogerse a la moratoria en el pago de las hipotecas

 

Reunión del Consejo de Ministros del pasado 17 de marzo. -

Los grandes tenedores de vivienda --fondos, socimis e inmobiliarias-- deben arrimar un poco el hombro, según lo expresado este martes por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Agenda Social, Pablo Iglesias, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y hacer un esfuerzo para evitar la desigualdad social que puede sobrevenir por la situación de crisis actual por la pandemia del coronavirus. "Red de seguridad", la ha denominado la ministra de Economia, Nadia Calviño. Estos tenedores tendrán que realizar un quita del 50% de la deuda o bien aceptar una reestructuración de la deuda en tres años. Los inquilinos afectados podrán acogerse, igualmente a las líneas de ayuda públicas.

Este es uno de los aspectos que han sufrido cambios de última hora como consecuencia del debate entre los ministros de Unidas Podemos y los del PSOE. Los primeros han insistido en que en el caso de que no sea posible cancelar la deuda en el plazo fijado tras la moratoria, la deuda sea condonada, mientras que desde el Ministerio de Transportes, que incluye Vivienda, se aceptaba estaba más por la mortoria de los alquileres.

Finalmente, lo aprobado, incluye una moratoria de cuatro meses del pago del alquiler para inquilinos de estos grandes propietarios en situación de vulnerabilidad, que sería aquellos que tienen que destinar más del 40% de su renta al pago del alquiler. Las condiciones de vulnerabilidad son amplias, no restrictivas, pues puede acogerse personas que esté en erte, con reducciones de jornada, y otras situaciones laborlas restringidas.

PARALIZACIÓN DE DESAHUCIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado parar los desahucios que puedan producirse en esta crisis sanitaria durante seis meses. Y, también durante el mismo tiempo se prorrogarán automáticamente todos los contratos de alquiler que venzan durante este periodo y tengan que se renovados. No está claro cuál será el efecto de esta medida, pero según los datos del Instituto Nacional de Estadítica (INE), en el 2019 se produjo una media trimestra de ejecuciones hipotecarias de 6.763, aunque no tods ellas acabaron en lanzamiento. Por lo que respecta a los contratos de alquiler, en Catalunya, el Incasol registra una media trimestral de 40.000, de los que cerca del 30.000 corresponden a la provincia de Barcelona.

Se ha aprobado también la creación de una línea de microcréditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a los inquilinos de pequeños propietarios, aquellos que poseen menos de ocho pisos. Esos créditos se concederán con un interés cero a quienes no puedan hacer frente al pago del alquiler y tendrán entre tres y seis años para devolver el importe.

AYUDAS DEL PLAN DE VIVIENDAS

El paquete de medidas se completa con ayudas para familias e individuos que puedan encontrarse en situación de insolvencia o quiebra por los efectos económicos de la crisis sanitaria, a los que se ayudará para que mantengan o encuentren una vivienda, con cargo a los fondos del Plan Estatal de Vivienda, que etá dotado con 500 millones de euros y podrá contar con parte de los fondos sociales destinados a las Comunidades Aautonómas y que representan unos 300 millones de euros. Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará el alquiler (la deuda). Hasta 900 euros al mes y 200 euros de suministros, mantenimiento, etc.

El Gobierno ha aprobado también una moratoria para las hipotecas de inmuebles en los que se realice una actividad económica. Se trata de una medida similar a la ya aprobada de aplazamiento del pago de hipotecas de vivienda habitual para los colectivos vulnerables por la crisis del coronavirus. Se amplía la moratoria de pago de hipotecas también para locales y oficinas de autónomos y se simplifican los criterios de vulnerabilidad para que no den lugar a interpretaciones que limiten derechos, tal y como reclamaban organizaciones de consumidores.

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