CSIF Córdoba se opone completamente a la vuelta presencial del personal docente a los centros educativos de la provincia a mediados o finales de junio, tal y como ha planteado la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía aduciendo la necesidad de realizar “tareas de coordinación docente”, según informa el sindicato
El responsable del sector de Educación de CSIF Córdoba, Samir Wahab, ha manifestado su rechazo tajante a este planteamiento de la Administración, que fue abordado en la reunión de la Mesa Sectorial celebrada ayer. En este sentido, CSIF ha planteado una serie de interrogantes ante la propuesta del departamento que dirige Javier Imbroda, como por ejemplo, de "qué serviría una incorporación en esas fecha si no habrá alumnado o cuál sería el beneficio pedagógico de la medida".
CSIF Educación Córdoba ha recordado que tanto el Acuerdo de Mesa General Común, como el Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad, establecen como premisa fundamental que siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo. Además, Wahab ha añadido que el mencionado acuerdo, en su base octava, recoge que “con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audioconferencia o videoconferencia, evitándose en lo posible las reuniones presenciales o que impliquen desplazamientos a otra localidad”. “Desde CSIF entendemos que no estaría justificada la vuelta de personal docente en esas fecha para los cometidos que se esgrimen”, ha añadido el responsable sindical en un comunicado.
En esta línea, CSIF ha demandado que se active el necesario diálogo social en el seno de la Mesa Sectorial de Educación, para aprobar el Plan de incorporación progresiva, de acuerdo con lo establecido con la base VI del Acuerdo, en el momento oportuno. Además, ha subrayado que aún no están establecidos los plazos de incorporación de las fases 3, 4 y 5 del Acuerdo.
El responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba ha advertido, además, de que “CSIF no dudará en emprender las acciones legales oportunas para que se cumplan todas las medidas de seguridad y protección contempladas en la Ley de PRL, así como los principios y contenidos del acuerdo pactado en el seno de la Mesa General Común de Negociación de Función Pública”.
