Los sectores de la construcción, el cobre, la madera y la alfarería, muy presentes en Córdoba y su provincia, se encuentran entre los que están obligados a parar en base al nuevo real decreto-ley emitido por el Gobierno por la expansión del coronavirus, que deja la actividad reducida a los considerados servicios esenciales, cuyo listado se puede consultar en este enlace.

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En Córdoba las nuevas medidas tienen especial incidencia también en la industria del frío y en la fabricación textil, aunque hay excepciones, entre ellas, las de las empresas que se hayan reconvertido y que se dediquen, en el caso del frío, a atender a los hospitales, o, en el del textil, a la fabricación de mascarillas o batas para los sanitarios, como está ocurriendo en Lucena y Priego, respectivamente. La agricultura y la ganadería, al estar relacionadas con la alimentación, serán sectores que se verán afectados en menor medida, aunque solo se podrán realizar las actividades inaplazables. El objetivo del Gobierno es reducir un 85% la actividad, que hasta ahora había mermado un 55%, y la idea es que baje un 35% más, explican desde la Subdelegación del Gobierno.

La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, en declaraciones a La Ser, ha explicado que “las labores vinculadas a la cadena de producción y alimentaria, la recogida de productos, la transformación para el envasado y su distribución” seguirán, así como las tareas de mantenimiento de los cultivos que sean inaplazables.

Dentro del sector del cobre, Cunext, por ejemplo, se acogerá a la excepción de poder estar con los servicios mínimos de mantenimiento. En el cobre, y según UGT, “una parte ha quedado parada y otra está buscando fórmulas para adaptar la producción solo a los pedidos que tienen comprometidos para hacer material sanitario o lo relativo al suministro eléctrico”. No obstante, señala este sindicato, “ninguna empresa del cobre con hornos inductores puede parar en un día porque necesitan varios de apagado”.

Las obras públicas y privadas se quedan paradas

Las obras, tanto públicas como privadas, se quedan paradas. El Gobierno central, por ejemplo, ha suspendido temporalmente la obra de la biblioteca de los Jardines de la Agricultura; mientras que la Junta ha interrumpido la reforma del Palacio de Congresos, la construcción del edificio de consultas externas del Materno Infantil del Reina Sofía, y ha aplazado la apertura de la glorieta de la variante de Lucena. El Ayuntamiento ha tenido que dejar parada la ronda Norte, la urbanización de la antigua Azucarera de Villarrubia y la rehabilitación del Archivo Histórico Municipal, aunque este lunes aún registraba actividad. Las obras de climatización de colegios, que acababan de empezar, quedan paradas también.

Paralelamente, todas las obras que estaban en marcha para la construcción de viviendas quedan paralizadas temporalmente. En cuanto a los servicios funerarios, y según ha indicado la subdelegada, se permitirán solo las obras de construcción de nichos.

Los empresarios muestran su malestar

A CECO no han parado de llegar llamadas para aclarar dudas sobre el nuevo decreto ley. El presidente de CECO, Antonio Díaz, califica de “grave” lo ocurrido este fin de semana al tomar el Gobierno decisiones “sin contar con la opinión del empresariado”. Díaz recuerda que “hay muchas empresas que no pueden cerrar en 24 horas”, y que, al hacerlo, van a tener dificultades para abrir nuevamente, “que se están preguntando qué va a pasar dentro de dos semanas cuando haya que volver a la actividad”. Díaz ha recordado que, a pesar de este nuevo parón, “los impuestos hay que seguir pagándolos”.

El secretario de la Asociación de Empresas de la Construcción (Construcor), Francisco Carmona, asegura que en este sector “todo se queda detenido”, aunque estima que a nivel de empleo no tendrá impacto al tenerse que recuperar las horas perdidas. El problema vendrá, a su juicio, si el estado de alarma vuelve a alargarse.

Asaja, para resolver las dudas que genera el nuevo real decreto ley, y en base a la instrucción dada este lunes por el Ministerio de Agricultura para aclararlas, ha indicado a sus socios que “se puede trabajar en el campo en las actividades imprescindibles para el mantenimiento de la actividad de la agricultura y la ganadería, como se ha venido haciendo desde la declaración del estado de alarma” y retrasar las que no lo sean. El consejo que ha dado Asaja es que las labores “que no sean de urgencia se retrasen, pero hay otras necesarias, como la recolección, el ganado que hay que revisar, los terrenos que hay que preparar para la siembra, los tratamientos...”, explica el secretario general de la asociación, Rafael Navas.

"Normalidad" para los sindicatos

La jornada de moratoria se está viviendo con “normalidad”, según explica el secretario general de UGT, Vicente Palomares, aunque con gran “incertidumbre porque hay muchas dudas dentro de las propias empresas”. Palomares recuerda que la recuperación de estos días con permiso retribuido tendrá que ser negociada por los sindicatos mayoritarios o los representantes del sector en el caso de que no haya representación sindical. Aunque considera acertadas las medidas, afirma que “la precariedad ya existente en la provincia de Córdoba va a hacer que el daño sea aún mayor, así como la economía sumergida”. Por ello, pide "más medidas para asegurar que las ayudas y la liquidez lleguen a todas las familias".

El secretario de Empleo de CCOO, Manuel Merino, afirma que la jornada ha ido “con normalidad pero con preocupación por saber qué para realmente”. El sindicato ha recibido “consultas de empresas que tienen una línea de producción que puede ser esencial para que funcionen aspectos de los hospitales”. Muchas consultas eran, según Merino, sobre cómo recuperar las horas que se pierden. Merino tiene constancia de que parará “la industria pesada en general”, dentro de la que está el cobre. Entre las empresas que pueden verse afectadas cita ABB.

Otra empresa que se puede ver afectada, aunque aún está evaluando el impacto del decreto en su actividad, es la cementera Cosmos. La empresa ha solicitado al Gobierno una aclaración y está a la espera de la respuesta para saber si para o no. El parón total en la cementera es también complejo.

Asemeco lamenta la "inseguridad jurídica"

La Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba, Asemeco, percibe que las medidas que se están tomando, en su puesta en práctica, generan “inseguridad jurídica” por “la falta de concreción”, por lo que “no sabemos cómo actuar”. De esa manera se manifiesta el vicepresidente de Asemeco, Gregorio Cruz, que explica que en el sector del metal la incidencia es dispar. “Aunque estamos bajo el paraguas de los productos metálicos, hay derivados del latón que son necesarios para todas las instalaciones de los hospitales de campaña, para la maquinaria agrícola y para la que usa la industria agroalimentaria, que deben seguir trabajando, así como el mantenimiento de las instalaciones de refrigeración en los hospitales”, indica Cruz. En cambio, hay otros subsectores que sí se ven afectados, aunque avisa que todo está cogido con "visturí".

Críticas de Atradeco

Especialmente crítica con la situación de incertidumbre generada se ha mostrado la Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba, Atradeco, patronal que representa la automoción, tanto en venta como en reparación. Su gerente, José Manuel Rodríguez-Carretero, asegura que están “rotundamente disgustados con la normativa que está saliendo desde el principio del estado alarma”, ya que, aunque quedó claro que la venta estaba suspendida, en reparación “en ningún momento ha quedado clara la situación, ya sea de marca o de multimarca" y "eso nos obliga a realizar un esfuerzo de interpretación”.

Rodríguez-Carretero asegura que “la situación de incertidumbre que padecemos es inadmisible”. El no estar recogidos en ningún decreto “de manera expresa” hace que "los empresarios de Córdoba capital y de la provincia no sepan qué hacer”. Por ello, prevé que mañana se produzcan “muchos problemas de interpretación”. No obstante, la asociación recomienda a los talleres cerrar y solo “trabajar en casos de prestar servicios esenciales”, como el mantenimiento de vehículos de mercancías, de viajeros, de la cadena de suministros y de producción, de alimentación, o "como retén de emergencia cuando exista contrato de mantenimiento" para ambulancias o taxis.