Los agentes de viajes cordobeses se han concentrado este miércoles a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para protestar por la situación a la que les ha abocado la crisis del coronavirus que en muchos casos puede suponer el cierre de sus empresas o el despido masivo de agentes debido a las “inmensas pérdidas económicas” que han sufrido en los últimos meses. Por tanto, reclaman ser escuchados por parte de las administraciones públicas, ya que están en juego más de 15.000 puestos de trabajo, según señalan desde la recién creada Asociación PDAV.

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Las casi 70 agencias de viajes de Córdoba y provincia se están viendo afectadas por esta situación, ya que en los tres últimos meses no ha habido ninguna venta, por lo que entre las soluciones urgentes que pide este sector para su mantenimiento es poder eliminar los gastos, puesto que es la única formula para poder manteniéndonos.

Un representante de este colectivo, que se ha creado durante el confinamiento, Juan González Rubio, ha señalado esta mañana que se sienten "abandonados" por la Administración central. “Nosotros asumimos que la venta hasta diciembre del 2020 va a ser casi nula y entendemos que esto cambiará en el momento que surja el esperado remedio médico”, pero hasta que ese momento no llegue “está claro que la situación en la que vamos a transitar durante muchos meses va a ser muy mala”. Concretamente, según González, en marzo, abril y mayo, estas empresas se han dedicado casi exclusivamente a devolver todo lo contratado.

Mientras tanto, continúa González, las ayudas no llegan y "seguimos soportando los gastos del alquiler del local o el pago de seguro de autónomos, frente a cero ingresos", una situación que “solo se puede soportar en función del remanente que cada uno tenga, pero muchos están abocados al cierre de sus negocios si no se ayuda y eliminan una serie de gastos”.

Según el representante no se pueden reabrir estos negocios hasta que desde el Gobierno Central se nos aporten soluciones en la seguridad jurídica para los clientes a la hora de hacer reservas y que garanticen las compras por parte de los prestatarios, así como una normativa clara de las cancelaciones surgidas por la crisis del COVID 19.

También piden la continuación de ceses de actividad hasta mínimo diciembre 2020 y la posibilidad de operar sin interrumpirlo, además de la continuidad de ERTES hasta que la actividad sea la misma que la anterior al Estado de Alerta. Por otro lado, según el colectivo, la política interna de las aerolíneas no puede hacerse según los criterios de las propias aerolíneas, deben ser tal y como los clientes han comprado sus billetes sin blackout abusivos ni poner sobre costes en los billetes.

Entre sus peticiones también solicitan una tarifa plana reducida a 50€ de autónomos como mínimo un año, una vez finalizado el cese de la actividad y el acceso real a la financiación por la vía ICO y las entidades bancarias.