Por segundo miércoles consecutivo, los trabajadores de Veiasa estaban llamados a la huelga en la empresa concesionaria de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en Andalucía para reclamar mejoras laborales y, como consecuencia, para los usuarios de las estaciones, que acumulan de media más de dos meses para obtener una cita. A falta del turno de tarde, el sindicato cifra en, aproximadamente, un 70% el seguimiento del segundo día de movilizaciones a nivel provincial en las 10 estaciones que la empresa pública tiene en nuestro territorio, con unos 170 trabajadores afectados.

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, lamentó "tener que haber llegado a una segunda jornada de huelga, pero desde el miércoles pasado nadie de la Junta se ha dignado a interesarse por los motivos ni la posible solución a este conflicto". Una prueba del "desprecio absoluto del Gobierno andaluz hacia los usuarios y trabajadores de la empresa pública", aseguró Palomares.

El responsable sindical recordó que "sólo estamos pidiendo que los usuarios puedan ser atendidos en tiempo y forma, no en casi tres meses y no con prisas", y avanzó que tienen indicios de que "la empresa podría estar presionando a los jefes de estación para que no secunden la huelga y suspendiendo vacaciones para paliar los efectos de la huelga y que parezca que no está pasando nada; es algo que vamos a estudiar y, si procede, denunciar a la inspección de trabajo".

Sin embargo, "aunque quieran aparentar que no pasa nada, sí pasa, porque los usuarios están teniendo muchos problemas con los permisos y los seguros, a lo que hay que añadir los perjuicios para los transportistas", afirmó Palomares. Asimismo, "ya empiezan a confirmarse nuestras sospechas de que la Junta lo único que quiere es denostar este servicio para cambiar su modelo público, porque ya han salido a licitación las auditorías a distintas empresas públicas con el único objetivo de cambiar este modelo".

En este sentido, el secretario general de UGT Córdoba alertó de que “"a posible privatización de una empresa como VEIASA repercutiría en precios más caros para los usuarios y en una peor atención, porque lo único que primaría sería el factor económico". Algo que "los trabajadores no vamos a permitir bajo ningún concepto, por eso queremos evitar que esta empresa sea tirada por los suelos en cuatro días tras 30 años de servicio, sólo con la intención de cambiar ese modelo público", advirtió Palomares.

Para UGT, la Junta de Andalucía está "atacando de forma deliberada a las empresas públicas, para decir que el modelo público actual no funciona y así legitimar otro modelo distinto que sí favorezca a cuatro o cinco amigos". Sin embargo, en estos momentos, "el salario de un trabajador se paga en tres días, el resto de los ingresos son beneficios para la ciudadanía andaluza, que tanto los necesita en estos momentos". Si se cumpliera lo que dicta la norma en cuanto a contratación de inspectores y demás personal, en Córdoba se podrían ver 9.000 coches más al mes y se reducirían las listas de espera.

Finalmente, Palomares no se olvidó de la precariedad actual de muchos trabajadores eventuales de Veiasa, que "llevan siete u ocho años trabajando días o meses aislados y cuya contratación estable descongestionaría el servicio". La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba (UGT-FICA Córdoba) anuncia que la huelga en todas las estaciones de ITV de VEIASA continuará todos los miércoles hasta que se acuerde una solución justa y satisfactoria para los empleados y usuarios.