Los trabajadores de la naranja se manifiestan este viernes por el convenio y "no ser discriminados"

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha convocado para este viernes una manifestación, que partirá a las 19,00 horas desde el Coliseo de Palma del Río (Córdoba), a la que llama a participar a los trabajadores de la naranja para "reivindicar que los lugareños no sean discriminados a la hora de realizar contrataciones y que se pague la Seguridad Social de los trabajadores y los salarios según el convenio".

En este sentido, desde CTA destacan que también se reivindica "la actuación de la Fiscalía y de la Inspección de Trabajo para evitar la acción de los especuladores en el campo", especialmente en la comarca del Bajo Guadalquivir en la provincia cordobesa.

Al respecto, a mediados de este mes parte de los trabajadores de la naranja se concentraron en los accesos a los campos para protestar por los contratos "por debajo del convenio" en la presente campaña citrícola. Según explicaron desde el sindicato CTA, "el problema es que hay empresas de trabajo temporal que solo contratan a trabajadores extranjeros y por debajo del convenio", mientras que "la mayoría de los empleados autóctonos están parados".

Esta situación, recuerdan, "se había puesto en manos de la Fiscalía y la Inspección de Trabajo", instancias ante las que se presentaron unas 180 denuncias, pero han lamentado que "esto no se ha tomado en serio".

Mientras, el alcalde palmeño, José Antonio Ruiz Almenara, se ha dirigido por carta a un empresario de una entidad levantina para pedirle que se cerciore de que se cumple el convenio y que elimine a los que hacen mal uso de su responsabilidad laboral.

Ante todo ello, PSOE, PP, IU, PA y Ahora Palma han consensuado un decálogo de medidas que incluye producción y volumen de trabajo por finca, oferta laboral para empresarios y trabajadores a través de la oficina de empleo, crear la figura del capataz, que los pagos sean por banco, solicitar a los empresarios que no apoyen a intermediarios que abusan, instar a la Junta a realizar un estudio socioeconómico del sector y reuniones con los ayuntamientos. También, ofrecen un convenio con la Subdelegación del Gobierno para destinar un inspector en Palma y un plan de inspecciones.