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El acuerdo inicial para la remunicipalización no estaba supervisado ni por Secretaría ni por Intervención

El socio privado de la empresa de aguas de Priego reclama 6,5 millones por sus acciones

El cambio del modelo de gestión no puede hipotecar al Ayuntamiento, según el gobierno local. Los informes técnicos son la clave para que la compañía de capital mixto vuelva a ser pública

 

Exterior de las oficinas de atención al público de la empresa mixta Aguas de Priego. - R.C.C.

Rafael Cobo Rafael Cobo
29/06/2020

Un año después de su «regreso» al frente del Ayuntamiento de Priego, la remunicipalización de la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua sigue siendo una de las asignaturas pendientes del actual equipo de gobierno del PP, que debe estudiar además cómo hacer frente a los 6,5 millones que solicita el socio privado.

Unos días antes de las elecciones de mayo del 2019, el Pleno de la Corporación municipal aprobaba por unanimidad el inicio del expediente administrativo para la reversión del modelo de gestión de la empresa mixta Aguas de Priego. En aquella sesión, no exenta de polémica debido a su proximidad con la cita electoral y el calado de varios de los expedientes que se debatieron, se indicó que una comisión se encargaría, en un plazo máximo de tres meses, de estudiar el acuerdo alcanzado con el socio privado FCC-Aqualia, así como la conveniencia o no del cambio en el modelo de gestión.

Más de un año después, dicha comisión únicamente ha celebrado una reunión, en la que tras su constitución se planteó la necesidad de redactar una memoria, no solamente económica, sino también legal y de gestión de servicios. Algo que como gráficamente ha indicado el presidente del Área de Hacienda y portavoz del grupo municipal del PP, Juan Ramón Valdivia, «no se hace de la noche a la mañana, ya que cualquier persona entiende que una empresa de ese volumen, con esa cantidad de contratos, no se puede absorber de un día para otro sin ningún documento técnico que te aporte información hacia dónde va».

Para Valdivia, «en política hay un gran enemigo, las prisas; prisas que tuvo el anterior equipo de gobierno en el tema del agua, anunciando algo que no era».

En este sentido, la alcaldesa prieguense, María Luisa Ceballos, indicaba sobre el particular en su reciente valoración sobre el primer año del actual mandado que desde el PP «no estábamos de acuerdo con dejar atrás la depuración de aguas, y además, legalmente, era imposible hacer, como se quería, una adjudicación directa de este tema, en este caso a la empresa Aqualia, que se quedaría de esta manera con la depuración de aguas», algo que, según Ceballos, «no lo permite la legislación vigente, por lo que el tema de la depuración de aguas tendría que salir a licitación pública de nuevo». De ahí que hayan tenido que modificar las condiciones del acuerdo, «porque ni tenía la supervisión de Intervención y Secretaría municipal, ni estaba realizada la memoria correspondiente a nivel interno por parte del Ayuntamiento, ni el tema de la depuración de aguas», añadía la alcaldesa.

En este sentido, Ceballos reitera que ni Intervención ni Secretaría municipal «tenían comunicación alguna de lo que se había estado hablando por parte del anterior equipo de gobierno en los últimos seis meses antes de la aprobación de dicho expediente», por lo que, como afirmaba, «se ha estado trabajando a nivel interno en la manera de realizar la memoria la memoria valorada, que es lo más importante en esta asunción de competencias por parte del Consistorio».

PREOCUPACIÓN / En cuanto al montante económico de la adquisición de las acciones del socio privado, Ceballos no oculta su preocupación. Juan Ramón Valdivia señala que, ante los 6,5 millones de euros que ha solicitado Aqualia, «estamos intentando encajar esa operación para no superar el 75% de endeudamiento», advirtiendo que remunicipalizar la empresa de aguas «no puede suponer la condena de la situación económica o de la viabilidad del Ayuntamiento, por lo que este equipo de gobierno no va a intentar hacerse precipitadamente con el cien por cien de las acciones, sin saber cómo gestionar el servicio e hipotecando al Ayuntamiento con 6,5 millones de euros». Por último, el responsable de Hacienda señalaba que «estamos intentando ser lo más sensatos posible», adelantando que ya existe un principio de acuerdo con el socio privado, «que a diferencia de lo que ocurrió en mayo del pasado año deberán valorar los técnicos municipales como paso previo a continuar con el proceso».

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