Los presidentes de las instituciones provinciales insistieroen que no están de acuerdo en que una buena parte del superávit tenga que destinarse a amortizar deuda. En una comparecencia pública, el representante de la Diputación de Granada, José Entrena, destacó como ejemplo que la institución que preside cierra el ejercicio pasado con un superávit de 43,6 millones, de los que 18,2 tienen que dedicarse a amortizar deuda cuando podrían invertirse para cubrir necesidades de los municipios de la provincia. En este asunto incidó el presidente de Sevilla y presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, quien aseguró que el 70% de las entidades locales de Andalucía tienen superávit. En este sentido, destacó que el superávit de los ayuntamientos andaluces asciende a 1.200 millones, a lo que habría que sumar 200 millones de las diputaciones andaluzas. «Queremos autonomía local para decidir en qué gastar el superávit», afirmó Villalobos.

Además, los presidentes compartieron experiencias sobre la implantación de la administración electrónica en los municipios. También abordaron las plantillas de las instituciones. Sobre ello, explicaron que desde el año 2010 no han podido realizar una oferta de empleo público, lo que está ocasionando importantes problemas de gestión. Por ello, plantearon llevar una iniciativa a la FEMP para pedir al Gobierno que las instituciones provinciales puedan hacer una oferta de empleo público para cubrir las vacantes por jubilaciones.

Entre los asuntos tratados en la reunión destacan también el Plan de Caminos Vecinales que podrán en marcha las diputaciones a través de un convenio firmado con la Junta y que supondrá una inversión de 66,5 millones en la comunidad y la aplicación del grado 1 de la Ley de Dependencia.