Las obras del nuevo edificio de la Seguridad Social en Lucena continúan paralizadas. Este edificio, cuya fecha de finalización estaba prevista para finales del 2016, sigue paralizado. Se encuentra el inmueble ubicado entre las calles Zagrilla, Carcabuey y Montilla y se adjudicó en mayo del 2013 a una unión temporal de empresas que presentó la mejor oferta con un importe de adjudicación que ascendió a un total de 2.735.118 euros más IVA, contando con un plazo de ejecución previsto en un total de 22 meses.

Hace ahora más de un año en que por parte del Gobierno central se daba respuesta a la pregunta del diputado del PSOE en el Congreso, Antonio Hurtado, y se le indicaba que dichas obras estaban paralizadas como consecuencia de la resoluciones de los contratos vinculados con la construcción del edificio, resueltos por incumplimiento del mismo y que el nivel de ejecución de las obras es del 19,16% del proyecto inicial. Asimismo, se señala que el importe abonado por la obra realizada y a su liquidación es de 634.000 euros, mientras que por la redacción del proyecto asciende a 412.500 euros y por la dirección y liquidación del contrato es de 67.951 euros.

La respuesta del Gobierno a la pregunta del diputado socialista indicaba también que, una vez resueltos los contratos iniciales, procede a la realización de los trámites necesarios para finalizar las obras. Se añade en este escrito que, en primer lugar, se hace necesaria la contratación de la redacción del proyecto y de dirección de obra.

El tiempo que se estimaba para proceder a dicha contratación es de unos seis meses. El proyecto debiera haber estado ejecutado en los tres meses siguientes y la ejecución de las obras requerirá la contratación de las mismas, trámite que puede extenderse durante otros siete u ocho meses, de manera que la reanudación de las obras podría tener lugar en 2018, aunque no se puede precisar el plazo de ejecución de las mismas.

Antonio Hurtado ya dijo en su día que las inversiones previstas en este edificio para el 2016 eran de un total de 600.000 euros, mientras que para el 2017 se cifraban en 266.000 euros y para el 2018 de 322.000 euros, inversiones, que no concuerdan con el plazo de ejecución según la adjudicación realizada. El diputado socialista por Córdoba dijo que esta paralización puede llevar al cambio sustancial del precio de adjudicación y al incremento del precio.