La Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba manifiesta en un comunicado que "ha cumplido los protocolos establecidos en la cesión de datos a los ayuntamientos" en relación a la concejala en cuarentena durante la moción de censura en el Ayuntamiento de Baena, en respuesta a una acusación de Adelante Andalucía.
Según la nota de la Junta, "las circunstancias derivadas de la pandemia han puesto de relieve la necesidad de establecer cauces y protocolos para facilitar a los ayuntamientos los datos de los positivos de su municipio para dar cumplimiento a las funciones que las entidades locales tiene en base a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que les atribuye funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas dicho real decreto ley".
Añade que "el protocolo para facilitar datos a los ayuntamientos, de ciudadanos positivos en covid-19 con obligación de guardar cuarentena exige la firma de un documento de compromiso de confidencialidad por parte del jefe de la Policía Local y el envío encriptado de los citados datos; como ha sido el caso ocurrido recientemente en el Ayuntamiento de Baena".
En esta ocasión, "la Delegación Territorial de Córdoba respondió a la solicitud de la regidora baenense ante el conocimiento de un caso positivo y la inminente celebración de un pleno presencial en dicho Ayuntamiento. Ante esta solicitud y entendiendo la urgencia acreditada por la presidenta de la Corporación municipal, ante la presencia de la concejala en las dependencia municipales y lo que ello supone en relación al peligro para la Salud Publica para los concurrentes al Pleno y al personal municipal (concejales, asistentes y personal de la Corporación), por parte de la Delegación Territorial se procede a enviar la relación de casos positivos de covid-19 al jefe de la Policía Local. Asimismo, en base en base al artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, se verifica dicho dato a la propia alcaldesa ya que es considerada máxima responsable de garantizar la seguridad de todos los presentes en el Ayuntamiento".
"De este modo, se facilita la información a la máxima autoridad del consistorio para ejerza las funciones de control y colaboración en la prevención y contención del covid, tal y como recoge la normativa vigente", asegura la nota de la Junta.
