El secretario general del PSOE de Córdoba y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, manifestó ayer su «confianza absoluta» tanto en la vicepresidenta del Consorcio de Bomberos, Dolores Amo, como en el gerente, Juan Carandell, ante la imputación de ambos por el magistrado Rodríguez Lainz, por su presunta colaboración en el amaño de las últimas oposiciones a bombero conductor en el Consorcio Provincial. Junto a Amo y Carandell, han sido imputadas otras quince personas, entre aspirantes, sindicalistas, miembros del tribunal y también el alcalde de Priego, José Manuel Mármol, al que también defiende Ruiz. El presidente de la Diputación señaló que ninguno de los dos formaba parte del tribunal y que no les ha sido comunicado aún el auto, aunque sí recibieron el miércoles la citación para acudir el próximo día 17 de abril a recoger la información. A juicio de Ruiz, la voluntad expresada por ambos imputados de declarar cuanto antes demuestra su interés por clarificar la situación. Además dijo que durante todo este tiempo ninguno de los dos ha sido requerido para informar sobre el asunto ni interrogado al respecto y que el auto solo se fundamenta en las declaraciones de unos aspirantes que no lograron plaza.

El presidente de la Diputación insistió en que las acusaciones que se vierten son «rotundamente falsas» y fruto de las denuncias presentadas por tres interinos que no han conseguido la plaza. Sobre la posibilidad de relegar a ambos imputados de su cargo, Ruiz volvió a insistir en su total confianza en ellos y mostró su disposición a colaborar en cuanta información sea requerida por el juzgado. Por ello, el presidente de la Diputación mostró también su confianza en la justicia y deseó que se hagan con celeridad todas las investigaciones y requerimientos para que el caso se esclarezca cuanto antes.

Respecto a la postura del PP, Ruiz indicó que una vez más el grupo de la oposición entra en el asunto sin medir las consecuencias y recordó al respecto la denuncia presentada sobre la gestión del grupo Cinco que no fue estimada y la acusación al anterior presidente del Consorcio de Bomberos, Fernando Expósito, que también fue absuelto.

Por su parte, desde UGT -cuyo representante en el comité del Consorcio, Rafael Hidalgo, también ha sido imputado- el secretario de Servicios Públicos, Isaías Ortega, señaló que son «radicalmente falsas» las acusaciones, por varios motivos. El primero, dijo Ortega, porque «ni UGT ni ningún sindicato participa en el tribunal de las oposiciones», por lo tanto no podemos filtrar nada». En segundo lugar, indicó el sindicalista, «no es cierto que se pudiera manejar información privilegiada porque los sindicatos solo participan en las bases genéricas de la convocatoria, pero los contenidos específicos son elaborados por personal del Consorcio». Ortega tampoco comparte las afirmaciones recogidas en el auto acerca de que se propició una situación para que UGT ganara las elecciones con la intención de tener mayor influencia en el proceso selectivo, pues indica que «el voto es secreto. De hecho UGT es el sindicato más votado pero no tiene la mayoría en el comité». Ortega se muestra preocupado por «declaraciones que quieren manchar el nombre del sindicato y también la situación en la que quedan los aspirantes interinos que sí han aprobado», porque recuerda que «hay 11 interinos que no superaron las pruebas».

Este periódico intentó recoger, sin éxito, la opinión de los grupos minoritarios en la Diputación, Ciudadanos y Ganemos.