A menos de un año de las elecciones municipales, el futuro de la empresa pública Sodepo será uno de los temas arrojadizos entre partidos durante el próximo curso político. Más si cabe tras la aprobación de la reorganización del sector público local por parte del gobierno municipal socialista y el PP el pasado mes de junio en sesión plenaria. El acuerdo ha generado inquietud en la plantilla por perder sus puestos de trabajo hasta llegar a rechazar los planes del Consistorio, que pasan por fijar nuevos criterios de reparto y distribución de servicios y empleados.

Esta decisión ha motivado la celebración de reuniones entre el ejecutivo local y el comité de empresa con tal de mantener informados a los trabajadores, cuyas reacciones han despertado el lanzamiento de una campaña de firmas a favor de la continuidad de Sodepo y el de un comunicado en el que manifiestan sus dudas sobre la fiabilidad del proyecto y piden al gobierno que haya un miembro del comité de empresa en la comisión de estudio.

La versión del Ayuntamiento, que corre a cargo de la concejala de Recursos Humanos, Verónica Morillo, es que no habrá despidos ni una merma en los derechos de la plantilla. La reorganización del sector público local responde a una conservación de los servicios públicos que presta la empresa pública, dándoles continuidad, y al mantenimiento de los derechos de los 200 empleados, pero la edil recuerda que «desde el punto de vista jurídico, Sodepo es una sociedad sin encajar». Por ello, «el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de solucionar» un asunto que «responde a una necesidad, no a un capricho del equipo de gobierno ni es su voluntad discrecional, porque desde hace muchísimos años tenemos un informe negativo de secretaría general y desde intervención del Ayuntamiento en el que nos advierte que esos servicios que se están prestando desde la empresa pública no están dentro de la legalidad».