La comunidad de regantes Salva García, de Silillos (Fuente Palmera), tendrá que abonar al Ayuntamiento de Fuente Palmera 253.252 euros en concepto de liquidación del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) a raíz de la construcción de una balsa de almacenamiento de agua que comenzó en el 2006 y que supuso en su día la más grande en superficie de Andalucía destinada al regadío.

El origen del conflicto con el Consistorio colono, que ha acabado en el Tribunal Supremo, se sitúa cuando los anteriores gestores de la comunidad -que desde finales del mes de abril tiene nueva directiva-, no presentaron proyecto alguno de construcción en el Ayuntamiento de Fuente Palmera para que se le concediera posteriormente la licencia de obras, por lo que este les reclamó la liquidación del ICIO, ya que la ley lo permite haya o no licencia de construcción.

Según fuentes municipales, la comunidad de regantes informó de que había presentado el proyecto en la ELA de Fuente Carreteros puesto que el terreno donde se levantaría la infraestructura estaba en su término, pero las competencias en obras mayores corresponden al Ayuntamiento matriz. Además, como recoge la sentencia, el 90% de la balsa está en término municipal de Fuente Palmera. Desde el Ayuntamiento añaden que los dirigentes de la comunidad siempre se negaron a pagar el ICIO en Fuente Palmera, emprendiendo estos un largo periplo por los juzgados que ha culminado ahora con el fallo del Tribunal Supremo, que no ha admitido una demanda de revisión sobre una sentencia firme del TSJA de junio del 2013. El alto tribunal subraya que «no consta en absoluto que la ELA de Fuente Carreteros, mediante acto formal, haya eximido inequívocamente del pago del ICIO las obras de transformación en regadío como alega la apelante, porque el documento que aporta en su acreditación (licencia de obras cuyo acto de expedición está exento de pago) para nada se refiere a este impuesto».

El Ayuntamiento de Fuente Palmera, por su parte, apoyará la opción más favorable que establezca la ley para el fraccionamiento o aplazamiento del cobro del ICIO a la comunidad.

Esta deuda de los regantes de Silillos con el Ayuntamiento colono solo es la punta del iceberg, ya que el déficit dejado por los anteriores dirigentes sobrepasa los 2,7 millones de euros. Así lo ha afirmado a este periódico el actual presidente, Juan Ramón Dugo, que señala que se está realizando una auditoría que arrojará el mes que viene el montante definitivo. En la lista de acreedores se incluyen Hacienda, proveedores, trabajadores, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (236.000 euros), la UTE que construyó la balsa (300.000 euros) y un largo etcétera. Además, la comunidad debe devolver alrededor de 1.100.000 euros a la Junta por no haber justificado una serie de subvenciones. Además, los terrenos donde está construida la balsa están embargados y se desvió un camino público cuando comenzaron las obras. Una vez finalice la auditoría se convocará una asamblea general extraordinaria para informar a los más de 300 socios.