En cualquier caso, reseña el informe de la Fiscalía que la experiencia acumulada en esta materia permite establecer que la protección de estos menores es «muy difícil», siendo «el principal obstáculo la falta de colaboración de las mujeres», porque se trata de mujeres víctimas de violencia de género que «se niegan a ser protegidas, pero que tienen adecuados vínculos afectivos y comportamiento adecuado con sus menores hijos».

Asimismo, detalla que «los servicios sociales y los equipos de tratamiento familiar no intervienen, ni el Servicio de Protección», al tiempo que añade en la memoria que «ahora vienen más embarazadas y no se están registrando a sus hijos nacidos en España, al no estar clara su inclusión con arreglo a los criterios del Protocolo Marco que ha limitado las escasas posibilidades que acogía la instrucción policial».

Ante la situación que ha sido esbozada, desde la Fiscalía se plantean alternativas como contar con recursos donde derivar a estas mujeres «cuando niegan su condición», previo a un recurso especializado en víctimas de trata. Y es que, «las mujeres que tras separarlas de sus hijos, pese a seguir negando su condición, han ido a un recurso específico, algo forzadas como condición para recuperar a los mismos, han acabado marchándose», según se relata en el documento. Por tanto, «hace falta un recurso intermedio, donde se pueda trabajar con ellas unos meses, aisladas del entorno del centro de recepción, similar al aislamiento en que se encuentran los menores con trastorno de conducta». Estos son centros con características «peculiares». De igual modo, propone lograr que los servicios de protección o sociales realicen convenios con entidades especializadas para trabajar con las mujeres con hijos.