La política de servicios sociales de la Diputación fue ayer objeto de controversia, pues por un lado, el sindicato UGT hizo público un documento en el que se recoge el descontento generalizado de los trabajadores con sus condiciones laborales y, por otro lado, el Partido Popular criticó que el actual equipo de gobierno de PSOE e IU haya de dejado de invertir en esta materia 16 millones.

Por su parte la vicepresidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Aurora Barbero, defendió su labor asegurando que en el presente mandato se han incrementado los recursos en esta materia en 14 millones.

Los primeros en hablar fueron los integrantes de UGT en el citado órgano independiente de la Diputación, que han elaborado un informe en el que se recogen aspectos como que «la plantilla no se siente valorada por los responsables» del organismo y ponen además sobre las «importantes carencias» de comunicación y de personal que sufre la entidad, lo que les hace tener sobrecarga laboral y anuncian movilizaciones si no se les escucha

Por su parte, el PP ha criticado que el actual equipo de gobierno ha dejado de invertir en el 2018 16 millones en dependencia, empleo social o ayudas a la emergencia social y que en el 2017 fueron 11,5 millones.

Por su parte, la vicepresidenta del IPBS, Aurora Barbero, indicó que el presupuesto del 2019 contempla 47 millones para la Córdoba social, lo que supone un 2,7% sobre el año pasado y 14 millones más que en el 2015. Recuerda Barbero que se ha contratado a 10 profesionales y que se ha incluido en los presupuestos la adhesión de un médico e indicó que «las limitaciones de reposición de plantilla y de techo de gasto» impiden ampliar la plantilla al ritmo deseado.