El portavoz de PP, Francisco Huertas, y el concejal Francisco Aguilar han pedido al alcalde, Juan Pérez, el cese de la concejal delegada de Servicios Sociales, Teresa Alonso, ante lo que los populares consideran su incapacidad para gestionar esta área municipal. Esta petición la relacionan con el contrato del servicio de ayuda a domicilio denunciado por el edil popular Francis Aguilar. Aguilar ha explicado que «las arcas municipales han dejado de ingresar, por este concepto, la cantidad de 90.000 euros». La razón estriba en la modificación introducida por la Junta en una orden de junio de 2017 en virtud de la cual el ejecutivo andaluz pagaba el límite de los 13 euros por hora de servicio y que ahora en función de la cuantía que cada ayuntamiento tenga pactada con la empresa. El consistorio lucentino tiene un precio estipulado de 12 euros más el 4%, es decir, 12,50 euros.