La proposición presentada por el PP en el pleno ordinario de la Diputación de Córdoba para reprobar al presidente, Antonio Ruiz, y pedir la dimisión de la presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Felisa Cañete, por el caso de la subvención a la Fundación Guadalquivir Futuro, ha sido rechazada por todos los grupos políticos, que han calificado en general la propuesta como "electoralista", y cuyo debate ha ocupado gran parte de la sesión.

El PP demandaba al Pleno la reprobación del presidente, Antonio Ruiz, por "amparar la diferencia de trato" a la fundación "respecto al resto de colectivos y entidades locales". También ha exigido la dimisión como diputada provincial de la presidenta del IPBS, Felisa Cañete, que no ha asistido al Pleno por estar de baja de maternidad, "por su grado de responsabilidad y parcialidad en toda la tramitación del expediente".

Cs, Ganemos e IU se han abstenido, pese a desear que se aclare el asunto, mientras que el PSOE ha rechazado tajantemente la moción, asegurando su portavoz Ana Carrillo, que "el equipo de gobierno siempre ha actuado en este asunto conforme a la ley, con rigor y con seguridad jurídica".

La diputada del PP, María Jesús Botella, ha defendido que "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la contratación del hijo del exalcalde socialista de Luque en esta fundación, cuya subvención fue concedida por el IPBS que preside Felisa Cañete, alcaldesa de este mismo municipio. Botella ha asegurado que "ha habido trato de favor, es inadmisible, indecente y produce rubor", pero además ha acusado al equipo de gobierno de "ocultar información".

En la proposición, el PP explica que la fundación fue beneficiada en el 2016 de una subvención de 40.000 euros, "la más importante concedida aquel año, y con diferencia, ya que la siguiente fue de 20.000 euros". El 24 de mayo de aquel mismo año se firmó el convenio con la entidad y los efectos serían desde abril, cuando "dicha entidad ya se encontraba inmersa en una investigación por posible caso de corrupción". Botella ha insistido que en este tema, prefiere ser calificada de "cansina a ser indecente".

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha insistido también en que "la Diputación ha cumplido fielmente la norma, conforme a los informes técnicos y jurídicos, somos de las diputaciones más transparentes". Ni Ana Carrillo ni Antonio Ruiz han respondido a la pregunta del contrato del hijo del exalcalde de Luque.

Otro tema que ha generado polémica ha sido la proposición presentada por el grupo de IU sobre la sentencia del Tribunal Supremo respecto al impuesto de las hipotecas y para impulsar la creación de una banca pública, defendia por su portavoz Francisco Sánchez.Tras un intenso debate, solo ha conseguido el apoyo de Ganemos.

En la sesión han estado presentes representantes del Consorcio de Bomberos, reclamando de nuevo el reconocimiento profesional en la categoría C-1. El presidente ha explicado que se ha solicitado un nuevo informe jurídico ya que no está claro si es promoción profesional, como piden los bomberos, o una reclasificación como dice el interventor.

Además, se han aprobado varias adendas a convenios de colaboración ya suscritos por la institución provincial con diferentes organismos, así como modificaciones de proyectos y del presupuesto 2018.

La portavoz del grupo provincial del PSOE, Ana Carrillo, ha subrayado la aprobación de una tercera adenda al convenio entre la Diputación y la entidad pública Red.es para el desarrollo del proyecto 'Municipios cordobeses inteligentes y sostenibles'.

En este sentido, la portavoz ha recordado que “resultamos beneficiarios de este programa con un presupuesto de 4,8 millones de euros, el 69% aportado por Red.es y el 31% por la Diputación, pero se demoraron los pliegos y se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023”. Carrillo ha destacado, además, que “nosotros estamos cumpliendo con los plazos y el proyecto está en licitación”.