El Ayuntamiento de Puente Genil aprobó ayer en su sesión plenaria de marzo con los votos del PSOE y del PP la solicitud de suspensión formulada por FCC Aqualia, la empresa concesionaria del servicio de aguas, en relación al expediente sancionador que se le abrió a mediados de enero. De esta manera, la entidad consigue que la sanción impuesta por el Consistorio de forma unánime hace dos meses con una multa de 30.000 euros por los cortes en la red del suministro de agua potable del pasado verano en la urbanización Cañada de la Plata, se posponga a la resolución del juicio.

El grupo municipal que se opuso fue Izquierda Unida, cuyo portavoz, Jesús David Sánchez, insistió en la determinación por parte del Ayuntamiento en la ejecución de la sanción. «Se ha sido flexible con Aqualia y para ser una de las dos ocasiones en la que se ha sancionado a la empresa no se debe suspender el cobro», dijo. Por su parte, tanto el grupo popular como el socialista coincidieron en sus intervenciones, aludiendo a los derechos que concede la ley, a lo que Sánchez replicó que no hay ningún incumplimiento de la legalidad. Finalmente, fue Esteban Morales el que dijo que no se perdonará a Aqualia, «aunque el estado de derecho tiene que prevalecer».

Además, se aprobaron las liquidaciones del presupuesto y de la Fundación Juan Rejano, cuyos remanentes de tesorería son positivos por importes ligeramente superiores al millón de euros y a los 9.000 euros, respectivamente; y los decretos que hacen oficial el nuevo organigrama municipal. Así, Verónica Morillo asume las competencias de Desarrollo Económico, Innovación y Vivienda; Francisco Morales de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Protección Civil y Gobierno Abierto; y Dolores Franco Medio Ambiente. Por otra parte, tomó posesión Francisco Jesús Guerrero Cáceres.