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lucena/peñarroya / incertidumbre ante el futuro de los equipos de atestados

La plantilla de la Guardia Civil de Tráfico tiene 40 plazas sin cubrir

La disminución de patrullas causa una bajada del número de denuncias . Desde el año 2010 se ha reducido en 17 el número de efectivos existentes

 

Agentes de la Guardia Civil, durante un control de tráfico. - A.J. GONZÁLEZ

Rafael Valenzuela Rafael Valenzuela
22/01/2018

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha sembrado en los últimos días una duda sobre el futuro de los equipos de atestados de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Lucena y Peñarroya, con motivo del plan de reestructuración que estudia el Gobierno central sobre este cuerpo. Aunque el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo, negó que se vayan a desmantelar los destacamentos de tráfico de las citadas localidades, sí es cierto que existe un borrador en el que se recoge dicha reestructuración. Primo Jurado señaló al respecto que «lo único que hay es un plan a nivel nacional de concentrar las unidades de atestados de Tráfico en las capitales de provincia, como se hace con las unidades operativas de Policía Judicial de la Guardia Civil», pero insistió en que eso no supone el desmantelamiento de los destacamentos de Tráfico de los citados municipios. Por su parte, desde la Dirección General de la Guardia Civil se indicó, ante la consulta de este periódico, que todavía «no hay nada oficial» al respecto.

En estos momentos hay 10 efectivos en cada una de estas dos bases, cuando debería haber 12 agentes de atestados, según informó a CÓRDOBA, el diputado socialista Antonio Hurtado, que indica que esta situación, y la supuesta eliminación de los servicios de atestados citados, supondría un aumento del tiempo que tardarían los agentes en llegar a los distintos siniestros que se pudieran producir en estas zonas.

El grupo parlamentario Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que «descarte este plan de concentración de las unidades de atestados en las capitales de provincia» y reclama que se cubran las plazas vacantes.

Según los datos que maneja Hurtado, en la provincia de Córdoba hay 40 plazas vacantes sin cubrir, lo que supone un 20% del total de la plantilla. Desde el 2010 al 2017 hay 17 efectivos menos en la Guardia Civil de Tráfico en Córdoba. En la provincia, apunta Hurtado, debería haber 207 efectivos y solo hay 167.

Esta reducción e insuficiencia de efectivos está teniendo como consecuencia que haya menos patrullas en las carreteras, pues mientras en el 2012 hubo 8.606 patrullas, en el 2017 ha habido 6.294, es decir, 2.312 patrullas menos. Pero además, apunta Hurtado, esta disminución de patrullas ha dado lugar a un menor número de denuncias. Mientras en el año 2012 hubo 35.867 denuncias, en el 2017 se han formalizado 23.316, es decir, 12.551 menos, un 35%.

Coinciden el PSOE y la AUGC en apuntar que la reducción del número de agentes en la carretera tiene, además, otra consecuencia, como es la del aumento de la siniestralidad. En concreto, señalan, en el 2016 hubo 14 fallecidos en las carreteras de Córdoba, mientras que en el 2017 han aumentado hasta los 23.

TEMORES / Otro de los temores que tienen los miembros de la AUGC es que ese hipotético reagrupamiento de los equipos de atestados tenga como segunda etapa una reducción aún mayor de la plantilla, con lo que, indican, además de aumentar el tiempo de respuesta ante los accidentes, afectaría a la calidad de los informes, así como al apoyo que se presta a las policías locales y al resto de unidades de la propia Guardia Civil. Recuerdan desde la AUGC que «uno de los cometidos principales de esos equipos es la investigación de accidentes de tráfico para la determinación de sus causas». También se quejan los agentes de que ese nuevo planteamiento «supondría un incremento de la responsabilidad y de la carga de trabajo para los motoristas de Tráfico, que deberían asumir cometidos que actualmente realizan los equipos de atestados que se suprimirían». Considera también esta organización de guardias civiles que se pretende convertir a los motoristas en «superagentes de la carretera mal retribuidos, equipados de medidor de velocidad, etilómetro, drogotest, lector de microchips, etcétera, medios que difícilmente pueden ser transportados simultáneamente en las motocicletas».

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