El ministerio público solicita penas que suman 20 años de prisión para un hombre acusado de causar la muerte a otro de dos disparos, en un suceso ocurrido en el mes de septiembre de 2012 en Puente Genil. Al encausado se le imputan los delitos de asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas. Según explica el fiscal en su escrito de calificación al que ha tenido acceso este periódico, «como consecuencia de unas negociaciones anteriores, sobre una transacción de cocaína, entre un vendedor de Córdoba y un comprador de Puente Genil, se acordó, tras la entrega fallida el 17 de septiembre del 2012 en Córdoba, que la entrega se hiciera el 18 de septiembre del 2012 en Puente Genil».

Cuando las dos partes del acuerdo llegaron a un lugar llamado paraje Arroyo Blanco de Puente Genil, el vecino de Córdoba sacó de la furgoneta en la que había viajado «un paquete envuelto en papel, con lo que supuestamente era un bloque de cocaína que se iba a vender». El receptor del paquete indicó que «dicha sustancia no era cocaína» y tras probar la sustancia y comprobar que no lo era, «se inició un forcejeo entre ambos».

Sigue narrando el fiscal que durante el forcejeo, el acusado «sacó de una bandolera una pistola semiautomática del calibre 9 mm, parabellum y por la espalda y con la intención de acabar con la vida de (la víctima), efectuó una serie de disparos, al menos cuatro, de los cuales dos de ellos impactaron en la espalda del fallecido, un disparo en la región interescapular-paravertebral derecha a la altura del quinto espacio intercostal posterior y otro disparo en fosa renal derecha a la altura del 11º espacio intercostal, cayendo al suelo y los cuales le causaron la muerte». A continuación, sigue indicando el fiscal, el acusado y dos personas más se marcharon del lugar . Como consecuencia de los disparos la víctima sufrió «shock hemorrágico o hipovolémico por disparo con arma de fuego del proyectil único (pistola)», según se recoge en el informe médico. El fiscal indica en su calificación que en el momento de los hechos, el acusado «carecía» de las licencias necesarias para la posesión del arma.

Concluye el ministerio público considerando que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, por el que pide una pena de 18 años de cárcel, y otro delito de tenencia ilícita de armas, por el cual pide que sea condenado a dos años.

El caso será juzgado por un jurado popular el próximo día 4 de marzo.