El Ministerio Público reclama penas que suman 14 años de prisión para el exgerente del Consorcio Provincial de Extinción y Prevención de Incendios, Antonio Navarrete (8 años) y el exjefe de contabilidad y administración, M.M.L. (6 años) por delitos continuados de falsedad y malversación continuada el primero y de cooperador necesario para el segundo. El juicio será visto por la Sección Tercera y juzgado por un jurado popular.

Según se recoge en el escrito de calificación del fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, el gerente que ejerció el cargo desde el año 2000 al 2012, "ha dispuesto en su favor de forma irregular durante el periodo en que ejerció como gerente del Consorcio de fondos públicos". En concreto, entre enero del 2007 y marzo del 2012, realizó desde una cuenta del Consorcio a su cuenta personal "un total de 46 transferencias por un importe de 310.891,28 euros, que no presentan ningún justificante".

Así, entre abril del 2001 hasta julio del 2006 "ingresó en su cuenta personal un importe de 127.860,65 euros en concepto de 2.090 horas extras estructurales no realizadas e indebidamente cobradas". Para ello, redactaba dos nóminas, una en las que figuraban las horas y otra en las que no aparecían. También, señala el escrito del fiscal que entre el año 2000 y el 2012, "el acusado transfirió a su cuenta personal, desde la cuenta de titularidad del Consorcio, un total de 95.414 euros, en concepto de anticipos reintegrables o quincenales de nóminas, que no devolvió ni compensó". Añade la calificación del Ministerio público que también entre noviembre del 2010 y febrero del 2012, el exgerente "efectuó una serie de pagos por importe total de 76.113,54 euros desde la cuenta del ente público a su cuenta personal, que no disponen de factura asociada o identificada". Añade al respecto el fiscal que ·figuraba como destinatario la empresa encargada de la limpieza, pero el pago se realizaba en la cuenta personal del acusado y no del proveedor del servicio".

Respecto al jefe de contabilidad y administración, el fiscal le acusa de ser un colaborador necesario del delito de malversación de caudales públicos pues considera que las conductas del gerente "fueron conocidas y permitidas por el acusado en su calidad de jefe de contabilidad y administración. De haber realizado sus funciones, premeditadamente omitidas, ninguno de los hechos se hubieran realizado, o al menos no hubieren continuado durante tanto tiempo".