La vista de ayer responde al recurso contencioso administrativo presentado por varios aspirantes de las oposiciones que no fueron dados por aptos contra los resultados de las mismas. Paralelamente, hay abiertas en el juzgado de Instrucción número 4 otras diligencias para investigar los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos por posibles «gravísimas irregularidades» cometidad por los responsables de la organización de las oposiciones para cubrir 54 plazas de bombero conductor del Consorcio Provincial, dependiente de la Diputación.
En dichas diligencias figuran como investigados la vicepresidenta del Consorcio, Dolores Amo; el gerente, Juan Carandell; así como los miembros del tribunal examinador e, incluso, el alcalde de Priego, y senador, José Manuel Mármol, por haber intentado favorecer a algunos conocidos. También se implica al responsable del sindicato UGT en el Consorcio.
En este caso se habla de filtración de las pruebas, así como de haber preparado el proceso para facilitar el acceso de los interinos. En este caso se ha personado como parte el Grupo Popular de la Diputación, que ha pedido la comparecencia tanto del presidente de la Diputación como de Dolores Amo. Antonio Ruiz ha defendido la legalidad del proceso y la inocencia de los responsables del Consorcio.
Por otro lado, el presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, anunció ayer respecto a la supuesta implicación del alcalde de Priego que lo primero que hará su partido será exigir «explicaciones». Marín ha señalado que Cs, «siempre que hay imputación, actúa de la misma forma», es decir, «solicita información y exige explicaciones». R.V.
