La participación del delegado municipal de Obras y Servicios, Juan Ramón Pérez Valenzuela (PP), en la comisión de valoración provincial sobre la antigua nave Galisteo no fue irregular, tal como ha comprobado este periódico. El pasado 5 de febrero se publicó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se condena al Ayuntamiento de Cabra a abonar más de 400.000 euros a los propietarios de la conocida popularmente como «antigua nave Galisteo» por su expropiación para ejecutar un nuevo vial, el A-10. La presencia del concejal en dicha comisión no ha tenido ninguna repercusión ni efecto en la sentencia del TSJA, ya que el tribunal ni afirma ni se pronuncia sobre su composición. La sentencia se limita a recoger las alegaciones y a descartar el alegato de parte.
