Las oposiciones para cubrir 54 plazas de bombero conductor para el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación de Córdoba, han vivido varios episodios con cierta controversia. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba la convocatoria el 28 de abril del 2016. En dicho boletín se publicaban los contenidos de los exámenes.

Las pruebas empezaron en febrero del año 2017. Durante las mismas surgió el primer conflicto, pues algunos de los aspirantes se quejaron de la excesiva duración de una de las pruebas, que impidió que los opositores pudieran salir del lugar de celebración durante 25 horas. El sindicato Independiente de Bomberos calificó la organización de los exámenes como «nefasta, insufrible y agónica». En aquel momento, desde el equipo de gobierno se dijo que con esas medidas se intentó «garantizar la igualdad en el acceso de todos los candidatos».

Posteriormente, en marzo del 2018, varios aspirantes de las citadas oposiciones presentaron una querella contra los responsables de la organización de las pruebas por un presunto amaño para beneficiar a algunos de los candidatos. Esta es la querella sobre la que ahora se ha pronunciado el juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, después de más un año de instrucción y tras interrogar a todas las partes implicadas.

En este caso, varios opositores, según se recogía en el auto que dictó el juez al abrir la investigación, acusaban a la presidenta, Lola Amo; al gerente, Juan Carandell; al director técnico, Rafael Márquez; al exalcalde de Priego José Manuel Mármol, a algunos dirigentes del sindicato UGT y a varios de los interinos aspirantes, de haber organizado una trama para beneficiar a estos últimos.

Así, se decía que Carandell y Amo habían prometido en una reunión que harían lo posible por que los interinos entraran; asimismo, se señalaba que un bombero que tenía una academia ofreció cursos específicos para los aspirantes con, presuntamente, información privilegiada sobre el contenido de los exámenes, así como de organizar reuniones privadas donde se daba a conocer también el contenido de las pruebas.

Por otro lado, también se acusaba a los responsables de UGT de haber prometido, de ser votados, ciertas ventajas en los exámenes, y a al alcalde de Priego, de haber presionado para que fueran admitidos algunos candidatos propuestos por él.

Asimismo, se señalaba que había un pacto entre los miembros del tribunal y los presuntamente beneficiarios para ser identificados a la hora de ser evaluados al hacerse una seña consistente en «tocarse la oreja». El juez no ha visto probado nada de lo denunciado.