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diputación / pleno ordinario de abril

El Ministerio ratifica que no se puede recalificar a todos los bomberos

Aprobada la adenda que permitirá que Tragsa finalice el centro de ferias y convenciones. El informe señala que para poder hacerlo debe aprobarse «una norma con rango de ley»

 

Bomberos a la entrada de la Diputación, antes del pleno, este martes. - A. J. GONZÁLEZ

Rafael Valenzuela Rafael Valenzuela
24/04/2019

El pleno de abril de la Diputación que, a priori, se presentaba como una sesión de trámite, acabó abordando dos temas de cierta enjundia y de los que se ha venido hablando en los últimos meses (si no, años). El primero de ellos pretende poner fin a la controvertida construcción del Centro de Ferias y Convenciones y, el segundo, aclarar el futuro de los bomberos del Consorcio. Sobre este asunto hubo que esperar hasta el penúltimo punto del orden del día para que en los informes del presidente se diera lectura al esperado informe del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública acerca de la posibilidad de reclasificar a los bomberos del Consorcio y promocinarlos a la categoría C-2.

El Ministerio, en este nuevo documento, vuelve a señalar que «la reclasificación automática» de los bomberos del Consorcio «no es posible, dado que para tener carácter formal tendría que estar aprobada por norma con rango de ley». La respuesta era esperada, aunque no en este sentido, por los bomberos, que nuevamente ayer protagonizaron una protesta a las puertas de la Diputación y durante el pleno, reclamando la promoción a la categoría C-1, tal y como se aprobó en un reciente pleno. Este nuevo informe se había solicitado tras la respuesta recibida por el Ayuntamiento sobre la misma materia. Sin embargo, el Ministerio indica que al Ayuntamiento «no se le habilitó a llevar ningún proceso selectivo de promoción interna, sino que se le dio respuesta a determinadas consultas que planteaba atendiendo a las circunstancias concurrentes expuestas».

LA CONCLUSIÓN / Y, en relación con este caso concreto, el informe concluye que «con carácter general y a priori, la reclasificación automática del total de un colectivo adscrito al sugbrupo C-2 al subgrupo C-1 no es posible, dado que para tener carácter formal tendría que estar aprobada por norma con rango de ley».

Además, indica que «para no incurrir en fraude de ley, no podrá procederse a variar únicamente las retribuciones percibidas por los funcionarios en función de si han superado o no los correspondientes procesos de promoción interna, sino que habrá que atribuírseles funciones y responsabilidades diversas».

Por su parte, el presidente de la Diputación anunció, tras la lectura del informe, que se va a convocar una Junta General Extraordinaria para poner en marcha el expediente de modificación de plantilla para ver cuándo de puede abrir la convocatoria de promoción interna.

Un momento del pleno de este martes. Foto: A.J. GONZÁLEZ

CENTRO DE CONVENCIONES / El segundo asunto destacado fue el de la aprobación de la adenda del convenio de colaboración que la Diputación tiene suscrito con el Ayuntamiento para finalizar las obras del Centro de Convenciones. En ese sentido, el Pleno aprobó la cuarta adenda, por medio de la cual la institución provincial podrá disponer de su accionariado en la empresa pública Tragsa para que asuma el final de la obra del Centro de Ferias y Convenciones, dada la situación de paralización que sufre el proyecto. El acuerdo se tomó con los votos favorables del PSOE e IU, la abstención de Ganemos y la oposición de PP y Ciudadanos.

En el debate, el Partido Popular, por medio de José María Estepa, indicó que este proyecto, que depende del Ayuntamiento de Córdoba, lleva cuatro años sin concluirse porque «el Ayuntamiento no ha cogido el toro por los cuernos y ha tenido que ser la Diputación la que lo asuma». Por su parte, el diputado popular Félix Romero añadió que es un proyecto muy ambicioso, pero que a lo que se venía al Pleno era a «enmendarle la plana a la alcaldesa de Córdoba, que no es capaz de licitar por sí misma un proyecto y lo que hace es utilizar una herramienta de la Diputación, como es Tragsa». A juicio de Romero, esta iniciativa tiene «un viso de nulidad», porque considera que «para la adjudicación de este tramo final de la obra se debería haber utilizado la ley de contratos», algo que, indicó, «con este instrumento se va a saltar a piola dicha ley». Por ello, al no estar de acuerdo el Grupo Popular con este procedimiento, manifestó su voto en contra.

También se opuso a este punto el grupo de Ciudadanos. Su representante, José Luis Vilches, criticó que se haya asumido ese compromiso, cuando es algo que genera muchos gastos permanentes, cifrados en torno a un millón de euros al año, y además apuntó que cuando se concluya dispondrá de menos espacio expositivo que el recinto ferial que había en San Carlos, que se abandonó precisamente por eso, dijo Vilches.

UN AÑO más PARA EL FINAL / Por su parte, desde el PSOE, Salvador Blanco, indicó que de lo que se trata es de dar solución a uno más de los problemas que ha venido acarreando este proyecto del que dijo que «fue un capricho del alcalde José Antonio Nieto». La portavoz del Grupo Socialista, Ana Carrillo, explicó que con esta adenda «se prevé una ampliación de 12 meses para la finalización de las obras» y que se incorpora a la citada adenda «un convenio entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación para que esta última ceda un medio propio como es Tragsa, con carácter excepcional, para finalizar la intervención».

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