El Ministerio Público solicita dos años de prisión y multas que suman 3.300 euros para el trabajador de una empresa de mensajería que, supuestamente, se apropió de un teléfono móvil que tenía que entregar a una compradora con domicilio en el municipio de Aguilar de la Frontera.
El escrito de acusación recoge que en el 2016 el procesado era responsable de entregar los paquetes de la citada firma y que en diciembre de ese año debía llevar un teléfono móvil que una clienta había adquirido a una compañía de telefonía, tasado en 50 euros.
El Ministerio Público afirma que, con ánimo de apropiárselo y de obtener un beneficio ilegal, el acusado simuló presuntamente la firma de una vecina de la destinataria como si hubiera recibido el paquete y vendió el aparato a otro individuo.
De este modo, califica los hechos como un delito de falsedad en documento mercantil, en concurso con otro leve de apropiación indebida y, además de la pena de cárcel y las sanciones ya indicadas, pide que el acusado indemnice a la compradora del teléfono con 50 euros.
