La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, encargado de determinar las causas que rodearon la muerte del menor de 13 años Juan David Flores, fallecido el 29 de mayo de 2018 en los Baños de Popea durante el transcurso de una excursión del IES Colonial de Fuente PalmeraBaños de Popea, considera que los dos profesores que acompañaban a los alumnos, investigados por los hechos, han podido cometer un delito de homicidio por imprudencia tipificado en el artículo 142.1 del Código Penal e interviniendo como responsable civil la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por su presunta participación en los mismos.

El auto, al que ha tenido acceso este periódico, considera acreditado de forma provisional que el día 29 de mayo del 2018, treinta y tres estudiantes del IES Colonial de Fuente Palmera, entre los que se encontraba Juan David Flores, junto con los dos profesores investigados, se trasladaron a la Cueva de Fato sita en la localidad de Santa María de Trassierra, donde habían contratado una actividad de espeleología y que en un momento dado los docentes se percataron que había un menor que no se encontraba entre los demás alumnos.

Varios menores dijeron que el alumno que faltaba era Juan David Flores, que lo habían visto bañarse junto a dos chicos y dos chicas en el ensanche del río Guadiato y él mismo había hecho gestos con las manos como si se estuviese ahogando. Tras la búsqueda, sobre las 00.00 horas, los bomberos localizaron un cuerpo sumergido en el río, confirmándose que se trataba del menor desaparecido.

La magistrada ha dispuesto que las actuaciones sigan por el trámite de procedimiento abreviado contra los dos profesores investigados y como responsable civil la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por su presunta participación en los mismos, al existir indicios de criminalidad.

La acusación particular, compuesta por la madre, abuelos maternos y los dos hermanos de Juan David Flores, bajo la dirección letrada de Gregorio Delgado, ha solicitado la apertura de juicio oral y ha formulado escrito de acusación interesando imponer a cada uno de los acusados por el delito de homicidio por imprudencia grave, la pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de las profesiones de monitor y profesor por un periodo de seis años a cada uno de los acusados y como responsable civil a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, pidiendo una indemnización que supera los 228.000 euros.

La instructora considera que estos hechos revisten inicialmente carácter de un delito de homicidio imprudente a tenor de la valoración de las diligencias.

Uno de los profesores investigados ha interpuesto recurso de apelación contra el auto de procedimiento abreviado, por lo que a día de hoy no hay fecha para el juicio oral.