El vicesecretario de Política Territorial del PP de Córdoba, Andrés Lorite, ha pedido al máximo responsable del PSOE cordobés que explique por qué "ampara a una alcaldesa socialista que está inhabilitada por sentencia judicial firme para administrar bienes de terceros".

Lorite, en una nota, ha hecho referencia a la sentencia definitiva del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba que inhabilita a la alcaldesa de Algallarín para administrar bienes ajenos y para administrar o representar a cualquier persona durante 5 años.

Se trata de una sentencia sobre unos hechos ajenos a la gestión municipal de esta alcaldesa, pero que deja muy claro que esta persona está inhabilitada para administrar bienes de terceras personas como pueden ser los vecinos de esta Entidad Local Autónoma. “Si una persona en el ámbito de lo privado, de lo mercantil, está inhabilitada para administrar bienes ajenos, cuánto más en el ámbito de lo público para lo que se espera un mínimo de honradez y honorabilidad que en el caso de la alcaldesa de Algallarín se han visto manchados”, dice Lorite.

Para los populares desde el primer momento en que esta sentencia fue firme y se inscribió en el Registro Mercantil (febrero de 2018), la alcaldesa de Algallarín debía haber puesto su cargo a disposición de su partido, o en su caso el PSOE debería haber pedido su dimisión. Ninguna de estas dos circunstancias se han producido, y queremos que el secretario general del PSOE cordobés de explicaciones por amparar una alcaldesa inhabilitada para desempeñar muchas de sus funciones, dice el vicesecretario popular.

Así mismo, Andrés Lorite ha anunciado que su formación política pedirá información para saber si esta alcaldesa estaba en disposición de poder compatibilizar su cargo público como regidora con la responsabilidad de administradora única de la empresa por la que ha sido juzgada, condenada e inhabilitada. “Queremos saber si la empresa de la alcaldesa de Algallarín firmó contratos con ese Ayuntamiento o con otra administración pública, y saber si se hizo desde la legitimidad jurídica, administrativa y ética que debe prevalecer en la gestión de un responsable público”, dice.

Lorite ha lamentado que el PSOE cordobés inicie el curso político con muchos “asuntos turbios” por aclarar como es "el mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, que se encuentra en proceso judicial y del que pronto conoceremos su sentencia; el caso de la Fundación Faffe y las ´tarjetas black´ que servían a máximos dirigentes socialistas para gastar en clubes nocturnos y en fiestas; el presunto amaño de las oposiciones de bombero de la Diputación de Córdoba, las ayudas a la Fundación Guadalquivir Futuro muy cercana al PSOE cordobés; el caso de la dietas y kilometraje del alcalde socialista de Benamejí; las dudosas contrataciones de orquestas que hacía el alcalde Lucena; o la operación Rocket que involucró a la anterior alcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, entre otros".

Ha concluido denunciando que hay "demasiados casos turbios que el PSOE de Córdoba todavía tiene pendientes en el ámbito judicial y que vienen a ensombrecer la postura de un partido que se ha valido de ser el adalid contra la corrupción para llegar al Gobierno de España, cuando aquí en Córdoba y en Andalucía tiene mucho por lo que callar".

Por su parte, el secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Jesús María Ruiz, respondió que «Lorite sabe perfectamente que el asunto no tiene nada que ver con su cargo público y no está inhabilitada para ello». «A la alcaldesa la avala la confianza de sus vecinos y la buena gestión que realiza en su municipio», dijo.