Llega la sentencia de 'La Manada'

El juicio se celebró el pasado mes de noviembre con una importante expectación mediática, dada la repercusión que tuvo el caso de Pamplona y las agresiones sexuales grupales que desde entonces se han denunciado en España. La clave del fallo judicial será la admisión como prueba de dos vídeos que recogen los hechos y que fueron hallados por la Policía Foral de Navarra en los teléfonos móviles de los encartados cuando investigaba lo ocurrido en San Fermín dos meses después.

Las acusaciones, ejercidas por el Ministerio Fiscal, la asociación Clara Campoamor y la propia víctima, han pedido penas de prisión que oscilan entre los seis y los nueve años. La defensa, realizada por el abogado Agustín Martínez Becerra, ha solicitado la nulidad de los vídeos y la absolución de sus representados, aunque también ha planteado una alternativa por si finalmente Luis Javier Santos, titular del Penal 1, acepta las referidas imágenes. En declaraciones a este periódico, ayer adelantó que «este es otro asunto que termina en el Supremo», puntualizando que «la admisión del vídeo llevaría recurso sí o sí».

La denuncia | De Navarra a Córdoba

Cabe recordar que, como se ha referido, el caso cordobés de La Manada salió a la luz cuando los agentes que investigaban lo ocurrido en San Fermín localizaron las imágenes. Los hechos habrían ocurrido en mayo, durante un viaje en coche de la víctima y los encartados, que regresaban a Pozoblanco después de acudir a la feria de Torrecampo. Los vídeos, difundidos presuntamente a través de los chat de Whatsapp La Manada y El Peligro, contienen los supuestos abusos.

Cuando la Policía los localizó, identificó a la víctima y se desplazó a Córdoba para recabar otras pruebas y ofrecerle la posibilidad de denunciar. El agente que trató con ella declaró en el juicio que, al contarle lo ocurrido, la joven afirmó «Lo sabía. Nadie me creía» y comenzó a llorar.

De su parte, el abogado de la acusación particular, Blas Arévalo, señaló después de la testificación de la chica a puerta cerrada que esta había explicado que «no denunció porque no recordaba lo que había pasado concretamente, cuando tuvo conciencia de lo que había pasado sí que denunció». Entre otros testigos, un trabajador de la caseta que visitaron en la feria aseguró que la joven le telefoneó al día siguiente y le dijo «me han violado».

Los vídeos | Tres autos judiciales

A lo largo de este proceso, Agustín Martínez Becerra ha reivindicado la nulidad de las imágenes y ayer recordó que sin esta prueba «se caería todo menos el supuesto maltrato», sostenido por la declaración de la joven. En su informe final, insistió en que se había realizado «una investigación prospectiva (rechazada por el Poder Judicial) de manual» e hizo hincapié en que «no existe título habilitante para la Policía Foral para actuar».

Sin embargo, los agentes detallaron que se les autorizó a analizar los teléfonos entregados por los propios procesados para esclarecer el caso de Pamplona y se les encomendó buscar imágenes que ayudaran a identificar plenamente a los responsables de los actos cometidos allí.

En este sentido, el fiscal Jesús Aparicio opinó en la vista oral que «la prueba no puede ser tachada de ilicitud, no entendemos que haya afectado a los derechos fundamentales de los investigados», y concretó que «no hay invasión ilegítima en la intimidad ni en el secreto de las comunicaciones», dado que ellos mismos dieron su consentimiento para que la Policía analizara sus teléfonos móviles y que este trabajo fue respaldado por tres autos judiciales.

Las claves | En opinión de la defensa

Para Agustín Martínez, las claves de la sentencia serán cinco. En primer lugar, determinar si se admiten los vídeos como prueba, ya que «si no es así, termina la partida», comenta realizando un símil con un videojuego. Si estos son aceptados, hay que esclarecer el contenido, si se trata de abusos sexuales o de otros actos como vejaciones y trato humillante hacia la joven, como él mismo definió ante el juez.

En caso de que Luis Santos admitiese los vídeos, el letrado reconoce que «sería evidente que hay un delito contra la intimidad», dado que fueron difundidos y, de hecho, algunos testigos confirmaron que los habían visto. Sin embargo, entiende que habría que cuestionarse si son responsables los cuatro acusados. De hecho, el último día del juicio José Ángel Prenda utilizó su derecho a la última palabra para afirmar que «reconozco haber grabado el vídeo desde el móvil de Antonio Manuel Guerrero y haberlo pasado sin el consentimiento de ninguno de ellos».

En último lugar, la defensa plantea la necesidad de aclarar «si ha habido delito de maltrato de obra en función de la credibilidad de la victima» y recuerda que «dice que le pegan en la cara y el hombro, pero el hematoma que se muestra es de la pierna».

Este abogado aludió en su informe final a las movilizaciones sociales surgidas en torno a las agresiones sexuales grupales. En alusión a la extensión de la sentencia, sobre la que ya se ha avanzado que será destacada, ayer comentó que esta «pretenderá que al juez no lo machaquen como se le ocurra condenarlos a una pena no lo suficientemente grave». Así, destacó que si el fallo no responde a las peticiones realizadas por el fiscal o la acusación particular «el juez tendrá un problema particular» e indicó, incluso, que «si Irene Montero (ministra de Igualdad) mañana quiere desviar la atención de todo lo que pasa solo tiene que convocar una manifestación diciendo que esta sentencia no es justa».

Las penas | Entre 6 y 9 años

En cuanto a las penas solicitadas para los procesados, cabe recordar que el Ministerio Fiscal reclama, para los cuatro, dos años de prisión por el supuesto abuso sexual y otros cuatro años por un delito contra la intimidad, así como una multa por delito leve de lesiones para uno de los encartados, Alfonso Jesús Cabezuelo. La acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, elevó de abuso a agresión sexual la calificación del delito supuestamente cometido por este y pidió que se le impongan cinco años de prisión. Entre otras, reclama tres años de cárcel para los otros tres procesados por un delito continuado de abuso sexual y cuatro años y tres meses por otro contra la intimidad. Por último, el abogado de la víctima mantuvo la petición de dos años y medio de cárcel por un delito continuado de abuso sexual y cuatro años y tres meses por otro contra la intimidad, entre otras penas.

Martínez Becerra ha defendido que, si no es posible la absolución, si no es posible la absolución, se condene a Prenda a dos años de prisión por un maltrato en concurso con un delito contra la intimidad; se imponga una multa a Jesús Escudero por maltrato y seis meses de prisión a Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo por vejaciones.

Los acusados | El perfil

Los cuatro procesados por el caso de Pozoblanco tienen en torno a 30 años de edad. El exagente de la Guardia Civil Antonio Manuel Guerrero es primo de otro encausado, Jesús Escudero, y estuvo destinado en Pozoblanco tras haber entrado en el Instituto armado un año antes. Según ha trascendido hasta el momento, ha sido padre durante su estancia en prisión con su novia de siempre. Escudero tiene 29 años de edad y es peluquero. Alfonso Jesús Cabezuelo, de 31 años, era en el momento de los hechos soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Morón de la Frontera (Sevilla). El cuarto encausado, José Ángel Prenda, carece de oficio conocido. En el caso de Pozoblanco no estuvo implicado Ángel Boza, que sí fue penado por los hechos de los Sanfermines.

Los cinco fueron condenados a 15 años de prisión por los hechos de Pamplona, después de que el Tribunal Supremo determinara que lo ocurrido fue una violación múltiple y no un abuso sexual. Las sentencias previas motivaron la movilización de colectivos feministas que protestaron por una «Justicia patriarcal».

Guerrero fue condenado a dos años más por robar el móvil a la víctima. Durante la celebración del juicio en Córdoba, también se conoció que el exagente de la Guardia Civil y Cabezuelo han sido condenados a otros tres años y tres meses de prisión por grabar imágenes de la violación en Pamplona, aunque su abogado recordó ayer que esta decisión está pendiente de un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En la actualidad, Guerrero está en la cárcel de Sevilla; Prenda, en la de El Puerto; Escudero, en la de Huelva y Cabezuelo, en Salamanca. Se espera que este jueves los jueces decanos les informen sobre la sentencia a través de agentes judiciales que se la comunicarán en la cárcel.

Las consecuencias | Abogados y colectivo

La abogada Concepción Ortega Fernández, diputada responsable de la comisión de Familia y Violencia de Género del Colegio de Abogados de Córdoba, cree que la difusión de estos casos puede ayudar a que más víctimas denuncien lo que les ocurre, aunque valora, asimismo, que podría tener un efecto negativo, porque puede «dar ideas a quien no debe tenerlas. Estar en los medios otorga protagonismo y hay personas que lo buscan».

Entre otras cuestiones, apunta a la educación, el consumo de pornografía «sin control», la cultura machista y la pérdida de valores como factores que estarían detrás de las agresiones.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres, María Gómez, recuerda que durante la celebración del juicio por el caso de Pozoblanco «hicimos una protesta a favor de que la sentencia fuese acorde con los hechos». Consultada por el fallo que se conocerá mañana, muestra su deseo de que «se vea que después del túnel hay una luz que alumbra la esperanza de qe las cosas tienen su castigo y hay una solución. Hay muchas cosas que quedan impunes y asolan a las mujeres», lamenta, añadiendo que «la esperanza es que algunas veces se hace justicia».

María Gómez rememora que la víctima de Pozoblanco «lo pasó fatal, fatal, fatal, y sigue estando mal». En la plataforma, «estamos nerviosas por la sentencia.», ademite, avanzando que «si no sale lo justo tendremos que movilizarnos».