Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid acaba de reconocer una deuda del PSOE, a favor del Ayuntamiento de Montilla, a raíz de una permuta de inmuebles que se acordó en 1999.

El fallo judicial, que no es firme y que ha sido recurrido por la dirección federal del PSOE, condena a Ferraz a abonar al Consistorio montillano la suma de 21.513,92 euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde el 19 de junio de 2014, por una diferencia de tasación de unos inmuebles que se remonta a 1999.

En ese momento, el Ayuntamiento -gobernado por IU- acordó permutar dos edificios que el PSOE tenía en la calle Arcipreste Fernández Casado -y que el Consistorio necesitaba para ampliar el Teatro Garnelo- por la Casa del Pueblo, el histórico edificio que fue expoliado a los socialistas tras la Guerra Civil y que pasó a engrosar el patrimonio municipal tras la dictadura.

«Moralmente, el PSOE siempre ha considerado propia la Casa del Pueblo pero, no obstante, aceptó la propuesta del Ayuntamiento de volverla a comprar y pagar por lo que, por justicia, creía que era patrimonio de los socialistas montillanos», explicó el secretario general del PSOE, Rafael Llamas.

«En las tasaciones se generó una diferencia de valor de 21.500 euros, a favor del Ayuntamiento, que en aquel momento acordó no reclamar porque, de algún modo, se reconocía que la Casa del Pueblo había sido incautada al PSOE por los golpistas y que, una vez instaurada la democracia, era necesario restituir la legalidad y el derecho que se vieron truncados con la Guerra Civil», explicó el también alcalde de Montilla.

Sin embargo, con el PP al frente del Gobierno municipal, la entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Ana Belén Feria, decidió retomar esta cuestión y el 19 de junio de 2014, trece días antes de que pudiera prescribir el plazo para reclamar la deuda, volvió a requerir al PSOE para que abonase la cantidad, activándose un procedimiento judicial.

«Es incierto que el PSOE haya eludido pagar cantidad alguna al Ayuntamiento, dado que en 1999 no se fijó ningún plazo concreto para abonarla y, además, porque el espíritu del acuerdo que se alcanzó entonces era de que el asunto había quedado zanjado», precisó Rafael Llamas.