La Secretaría General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía ha resuelto sancionar con 90.001 euros a la Asociación Nueva Aurora de Lucena (Córdoba), como titular de la residencia de mayores homónima en dicha localidad, por la supuesta comisión de "una infracción muy grave", entre otras razones por no contar con "autorización administrativa de funcionamiento", razón por la que también ha acordado la Junta suspender la actividad de la residencia.
Así lo determina dicha resolución de la Junta, a la que ha accedido Europa Press y con la que culmina el expediente sancionador que abrió el pasado mayo la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba contra la mencionada residencia privada de ancianos.
De igual modo, la resolución de la Administración autonómica, contra la que cabe presentar "recurso de alzada" ante la propia Consejería, además de la multa de 90.001 euros, también prevé "la suspensión temporal de la actividad" de la residencia, "por un máximo de cinco años, siempre que durante dicho periodo sean subsanadas las deficiencias detectadas o, en caso contrario", ello conllevará "el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento".
En la resolución se incluye el informe resultante de la "actuación inspectora" llevada a cabo en la residencia privada tras la apertura del expediente sancionador, ahora concluido, en el que se señala que "el centro carece de licencia municipal de apertura y de autorización administrativa de funcionamiento", aunque, "a juicio de los inspectores actuantes", la residencia "dista mucho de ofrecer una atención contraria al bienestar de las personas".
Es más, en opinión de los inspectores de la Junta, "de ninguna manera las condiciones en que se encuentran sus residentes son indignas para un ser humano, y no se pone en riesgo la vida o la integridad física y moral de aquellos, más allá de las deficiencias materiales" que afectan al edificio, plasmadas en un informe municipal, que "suponen el incumplimiento de la normativa y que, hipotéticamente, pudieran influir en la seguridad en caso de una emergencia, motivo por el que no se le ha otorgado la correspondiente autorización administrativa".
"En cuanto a la salud --prosigue el informe--, no solo no se pone en riesgo, sino que los residentes reciben la atención sanitaria, al menos, igual que cualquier otro ciudadano, pues se encuentran en todo momento bajo el control del Servicio Público de Salud, además de recibir atención regularmente en la residencia".
Sin embargo, según se determina en la resolución de la Junta, al no disponer la residencia "de la preceptiva autorización administrativa, no cabe otra conclusión distinta de la de apreciar que se ha incurrido en una infracción administrativa tipificada como muy grave en el
artículo 127 c) de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía".
La infracción cometida consistiría "en ejercer actividades propias de los servicios y centros de servicios sociales sin contar con la autorización administrativa para el funcionamiento de los mismos, debiéndose valorar la adopción de las medidas necesarias para proceder, con carácter de urgencia, al cierre temporal total del establecimiento".
La resolución de este expediente sancionador se ha producido después de que el pasado abril la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Lucena aprobase la cesión de espacios en el Complejo Educativo de Los Santos a la Residencia Nueva Aurora, para que, de forma provisional, pudiese trasladar, si lo estimaba oportuno, su actividad mientras acometía la reforma que pretende del edificio actual, ubicado en la calle Ancha, para adaptarse a la normativa, algo que aún no ha hecho.
El gobierno local adoptó este acuerdo después de que, vía decreto, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, José Cantizani, ordenase a los propietarios de dicha residencia privada que procediesen al "realojo de los residentes" en otro inmueble, dado que el actual no es seguro, según el citado informe técnico municipal, si bien la mencionada Asociación Nueva Aurora recurrió el decreto municipal, al considerar que el Consistorio no es competente para adoptar dicha resolución.
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