La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ya ha licitado entre el 60 y el 65 por ciento de los 52 proyectos aceptados dentro del programa "La Ciudad Amable", que contemplan obras que rondan los 200.000 euros con el objetivo de mejorar la peatonalización de los municipios andaluces.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, quien ha firmado hoy la adhesión a este programa con el alcalde del Ayuntamiento de Carcabuey (Córdoba), Antonio Osuna, ha indicado que, de los 52 proyectos seleccionados para participar en este programa, ya se ha licitado el 65 por ciento, con la intención de que las obras comiencen el año próximo.
En el caso de Córdoba, aparte de Carcabuey, la Consejería también ejecuta actuaciones de este programa en Castro del Río, Cañete de las Torres, Villanueva del Duque, Montalbán y Pozoblanco.
En Carcabuey, la actuación consiste en un tratamiento de la carretera CO-7209 a su paso por el núcleo urbano, en la que se prevé eliminar un sentido de circulación, colocando dos semáforos y un pequeño tramo de acerado.
Según la consejera, los proyectos de La Ciudad Amable son "consensuados con los ayuntamientos, que a su vez han dialogado con los vecinos", y consisten en intervenciones "económicamente eficientes, socialmente rentables y medioambientalmente sostenibles".
De los 711 ayuntamientos de toda Andalucía, la mitad, se han adherido a La Ciudad Amable, 204 han presentado propuestas de intervención, de entre las que se han seleccionado 52, conforme a parámetros de calidad urbana y ambiental, activación del espacio público, accesibilidad y conectividad, participación e integración social, o eficiencia energética, entre otros parámetros.
Además, Cortés y el alcalde de Carcabuey también han firmado la adhesión de este último municipio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, al que se han sumado 45 ayuntamientos cordobeses, 269 en toda Andalucía.
En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestará asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
Asimismo, también se compromete, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de la Delegación Territorial de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección ante riesgo de exclusión social.
