La segunda sesión del juicio contra la profesora de El Viso acusada de vejar e insultar a sus alumnos (por lo que el fiscal reclama para ella 3 años de prisión) se convirtió ayer en una maratón de declaraciones que prolongó la sesión hasta bien entrada la tarde.
Por la sala 20 de la Ciudad de la Justicia y ante el juez Luis Javier Santos Díaz, titular de Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba, pasaron hasta 16 personas.
Después de la primera sesión, en la que la acusada negó los hechos y se escucharon los testimonios de los alumnos y padres denunciantes, con momentos cargados de tensión emocional, llegó ayer el momento de los argumentos técnicos. Tres inspectores de Educación expusieron su conocimiento del caso.
El primero de ellos explicó los procedimientos seguidos al conocerse el ambiente enrarecido del instituto, en el que padres, alumnos y profesorado mantenían unas complicadas relaciones y algunos padres y alumnos culpaban a la profesora de Francés y directora del centro de ser origen de los problemas. Este primer testigo indicó que cuando la profesora se dio de baja «el ambiente estuvo mucho más calmado». Además, reconoció que la directora fue revocada pero que al recurrir el caso lo ganó ante la justicia y que después también fue elegida para seguir de directora en el mismo centro.
El abogado de la defensa, José Luis Garrido, intentó demostrar la arbitrariedad de la actuación de los inspectores, pues preguntó por qué no se abrió investigación en otros hechos ocurridos antes, como el de un profesor de gimnasia al que una chica acusó de haberle tocado en una clase.
Los otros dos inspectores ratificaron ante el juez las conclusiones, que fue leyendo el fiscal, de un duro informe contra la profesora en el que reseñan problemas psicológicos relacionados directamente por la actitud de la acusada, que mantiene un trato «agresivo, con voces y expresiones denigrantes» hacia los alumnos y que se ha podido constatar que no es una estrategia de los padres para atacar a la docente. Además, indican que tres alumnos dejaron de ir a clase por miedo a la profesora, quien, en su calidad de directora, se ha negado a resolver el asunto. Por ello, concluyen que esa actitud podría ser constitutiva de «delito doloso».
El abogado defensor insistió en la falta de ecuanimidad de los inspectores a la hora de iniciar expedientes y preguntó por el lugar desde el que había sido enviada alguna documentación a la Delegación de Educación, recibiendo como respuesta que el envío se hizo desde el despacho de la Alcaldía de El Viso, volviendo así, de manera indirecta, a uno de los aspectos que desde el inicio ha rondado este asunto, que es el del trasfondo político de la acusación. Por ello, también preguntó a los inspectores si sus cargos eran de libre de designación, insinuación que molestó al profesional interrogado.
Por su parte, la psicóloga que trató a dos de los alumnos, a preguntas del fiscal, ratificó que el cuadro de ansiedad que presentaban se debía al «miedo» que sentían de la profesora de francés. La única alumna que declaró durante la mañana negó haber visto el trato degradante que se le achacaba a la docente.
En la sesión de tarde declararon varios profesores que defendieron a su compañera. El juicio quedó visto para sentencia.
