El grupo municipal de IU de Belmez, encabezado por Aurora Rubio, comenzó ayer una acampada en la puerta del Ayuntamiento para conseguir que la Junta y el equipo de gobierno justifiquen las inversiones de la construcción del Polígono Tecnológico Lechero y finalicen las obras necesarias para su puesta en marcha. Rubio ha dejado en manos del actual alcalde la duración de esta reivindicación, ya que aseguró que esta continuará de manera indefinida «hasta que se presente un informe de secretaría e intervención con la adjudicación del contrato de auditoría para la revisión de las inversiones realizadas en el polígono tecnológico a una empresa externa». Para acompañar a la exalcaldesa se desplazaron hasta Belmez, Sebastián Pérez, responsable de organización provincial de IU Córdoba; Francisco Arriaza, responsable de finanzas; algunos cargos públicos y militantes de la comarca.

Tanto Sebastián Pérez como Aurora Rubio quisieron destacar que el propósito básico de esta reivindicación es reclamar de las instituciones locales y autonómicas mayor inversión para la creación de empleo en la comarca, así como la justificación del desembolso realizado hasta la actualidad en el polígono. Manifestaron su protesta ante la distribución de los presupuestos generales del estado del PP, donde según ellos solo aparecen inversiones para el Cabril, y remarcaron que nos encontramos en una comarca con alto índice de desempleo y con una acentuada despoblación, donde las inversiones deben centrarse en el empleo.

Por su parte, el alcalde, José Porras, indicaba que «la acampada es totalmente innecesaria. Esta obra se ejecuta y se paga cuando estaba gobernando IU, concretamente de 2007-2009, que es la duración de la obra. En 2009 se recepcionan la primera y segunda fase con la aprobación de las dos partes, además de constar en la recepción que la obra se ejecuta según proyecto. No hay ninguna incidencia en la obra, como así lo dice el pliego». Porras explicó que si hay alguna anomalía, el equipo de gobierno está dispuesto a depurar responsabilidades, y que de hecho se ha elaborado un informe de casi 1.000 páginas que está en manos de los servicios jurídicos de Diputación, «ellos serán los que nos marquen los tiempos y las formas, y lo que nos digan si realmente hay que hacer la auditoría». «Nosotros votamos en contra de la auditoría en 2015 porque se estaba en negociaciones con unos empresarios que se querían instalar en el polígono y no era el momento de interrumpir las negociaciones».