La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, Elena Cortés, ha exigido tanto a la Junta como al Gobierno central «inspecciones serias y rigurosas, inspecciones de verdad, y trabajo conjunto de la mano de las organizaciones sindicales» para evitar la creación de redes de explotación laboral en el campo como la desarticulada en Palma del Río.
Cortés opina que «hay un claro abandono del Gobierno andaluz y del Gobierno central respecto a la situación de las mujeres jornaleras, excluidas del trabajo agrícola, con situaciones precarizadas cuando lo encuentran, con salarios de miseria y sufriendo abusos sexuales, como punta del iceberg». Por eso, afirma, «si las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y básicos de las personas miran hacia otro lado, nos encontramos con delitos como explotación laboral y, lo que es peor, sexual, de ciudadanas extranjeras que salen de su país buscando mejorar sus condiciones de vida». Cortés ha reaccionado así después de que la Policía Nacional haya desarticulado una organización que obligaba a mujeres a mantener relaciones sexuales con los jefes de las empresas para las que trabajaban.
