La eurodiputada por IU Paloma López y la diputada andaluza Elena Cortés reclamaron ayer a los gobiernos central y autonómico que velen por el cumplimiento del convenio laboral en la recolección de la naranja y no permita la explotación y la precariedad que se está dando, hasta el punto de pagar a los recolectores a 2,5 euros la hora, dijeron. Además, dicen, se abusa de trabajadores desplazados e inmigrantes.

Asimismo, se quejan de que tanto trabajadores como productores están sufriendo las consecuencias de la deslocalización de que está siendo víctima el sector, que se ve obligado a contratar la recolección con las empresas de destino, que imponen plantilla y condiciones laborales, lo que genera no solo peores salarios y precarización, sino también otro tipo de problemas como enfrentamiento entre trabajadores e incluso brotes de xenofobia. La coalición ha explicado que elevaron una consulta a la Comisión Europea, exponiendo la problemática y que la respuesta obtenida señala que «una serie de directivas establecen los requisitos mínimos para la protección de los derechos de los trabajadores en la UE. No obstante, los Estados miembros son los principales responsables de su correcta transposición, aplicación y ejecución».

Elena Cortés calificó de «insumiso» y «bandido» al Gobierno por no preocuparse de que se cumpla la normativa laboral en dichas actividades y criticó a la Junta que ante esta siutación «mire hacia otro lado». Además pidió a la Junta que apruebe la Ley Integral de la Agricultura y la Soberanía alimentaria, al tiempo que reclamó una reindustrialización del sector agroindustrial.