Han pasado ya más de diez años y el caso del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil sigue sin concluir. La historia recoge el relato de un proceso al que le acompañan cientos de adjetivos desde que en el 2004, el en aquel entonces recién nombrado subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, confirmara la construcción de un nuevo edificio para la Benemérita frente a la Estación de Autobuses, ubicada en el Polígono Industrial Las Flores. Un emplazamiento que inicialmente generó dudas en Manuel Baena, alcalde de Puente Genil en esos años, por su vulnerabilidad. Aún así, el nuevo complejo de la Guardia Civil lo empezó a construir Siglo XXI y poco después fue la empresa ecijana Astigia, aunque años después irían conociéndose diversas irregularidades.
El consurso
Por un lado, no se abrió un concurso público para que concurrieran todas las empresas interesadas en ejecutar la obra y, por otro, el edificio empezó a construirse sin que el nuevo suelo estuviera aún calificado como «urbanizable». Esteban Morales era en aquel momento, en la campaña de las municipales del 2007, el candidato socialista a la Alcaldía y se agarró a dichas cuestiones para subrayar ilegalidades de tipo urbanístico y los beneficios económicos que el constructor iba a percibir por la recepción de los terrenos del cuartel actual, situado en la calle Miguel Romero, tras la permuta entre el viejo y el nuevo edificio. Esto desembocó en la apertura de un procedimiento judicial por un presunto delito contra la ordenación del territorio, resultando imputados tanto el alcalde, Manuel Baena, como otros concejales de esa legislatura. Finalmente todos los inculpados políticos fueron exculpados de la causa y se archivó el asunto por la vía penal al no haberse encontrado indicios por parte ni del alcalde ni de los concejales que justificaran su imputación en este asunto. Así también, la causa administrativa quedó resuelta cuando la Consejería de Obras Públicas dio el visto bueno a la modificación urbanística de los terrenos sobre los que se había comenzado a construir el nuevo cuartel. Mientras, las acciones judiciales seguían para el promotor de la obra.
Así, el Pleno tuvo que proceder a la elaboración de un convenio de expropiación sobre el nuevo inmueble entre la institución local y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) para poder recibir el viejo acuartelamiento -calificado como residencial- y sufragar en algo más de tres millones de euros la inversión realizada por la promotora Urbanizaciones Siglo XXI, aprobado en mayo de 2008. Este paso convirtió al Ayuntamiento en el propietario del nuevo edificio del cuartel de la Guardia Civil, al que restaban algunas obras de finalización a acometer por el empresario promotor y que no habían sido ejecutadas, algo que obligó al equipo de Gobierno de IU a buscar la financiación adecuada para finalizarlo.
En el primer semestre de 2011, tras casi dos años de paralización, la empresa Siglo XXI reinició las obras de reposición del material de fontanería y electricidad, sustraído meses antes, además de la urbanización de los exteriores. Sin embargo, los trabajos volvieron a pararse en verano y se retomaron nuevamente a finales del año 2012. El alcalde, Esteban Morales, recibió el final de la obra en 2013 pero en julio, el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, aseguró que el nuevo cuartel no reunía los requisitos como para proceder a la permuta definitiva de los edificios; hasta que un informe elaborado por el Colegio Oficial de Abogados de Lucena planteaba que una vez subsanadas las deficiencias que presentaba la infraestructura, ésta quedara libre para proceder al cambio de edificios en el Ayuntamiento y el Giese.
Más requisitos
Así ocurrió, pero la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado informó al alcalde de la exigencia de dos requisitos previos al traslado de los guardias civiles y que no constaban en el proyecto: la dotación de ascensores al edificio de viviendas y la climatización a las oficinas. El Ayuntamiento tuvo que liberar en el presupuesto del año 2014 una cantidad superior a los 125.000 euros para incorporar estos servicios.
No es el único, puesto que las últimas noticias apuntan a la necesidad colocación de un transformador en el entorno del edificio para dotarlo de energía eléctrica. Más de diez años han pasado y esta cuestión sigue siendo el cuento de nunca acabar.
